Recientemente se han producido importantes avances en la política antinarcóticos. En la última semana de abril, la Casa Blanca dejó que Gil Kerlikowske, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas de EEUU hiciera en Baltimore la presentación formal del nuevo énfasis de la política antinarcóticos.

El cambio consiste en que se entiende que el problema no se va a resolver metiendo a la cárcel a los consumidores sino con programas de prevención y reducción del consumo y con la firme decisión de ofrecer y facilitar el tratamiento médico y siquiátrico para los adictos. Kerlikowske dijo que las políticas antinarcóticos oscilan entre la tolerancia y la represión, y que es necesario moverse a un punto intermedio, y basarse en la investigación científica más que en la ideología para formular políticas y aplicar soluciones. Dice que la adicción es un problema médico y neurológico, que requiere tratamiento y no cárcel.

El gobierno de Obama no se desgastó haciendo pronunciamientos sino que anunció que los programas de investigación científica y tratamiento iban a estar respaldados por un presupuesto de 10,000 millones de dólares, más de lo que se ha gastado en programas como el Plan Colombia desde el año 2000; y que se continuaría con la política de represión, pero con presupuestos muy inferiores al de prevención y tratamiento. También anticipó que vendrían cambios en la política de justicia criminal y que le deja al Departamento de Justicia el problema de la legalización de la marihuana en los estados del noroeste de los Estados Unidos. Se ha modificado radicalmente la política sin alterar la retórica y sin malgastar energías asustando amas de casa.

El viernes pasado en Bogotá, el Secretario General de la OEA, presentó las principales conclusiones del informe de esa organización en respuesta a lo que se le había solicitado en la cumbre de Cartagena, el año pasado. El funcionario destacó el problema político del narcotráfico, que se deriva de la concentración de poder económico en manos de criminales que lo usan para corromper y para carcomer las instituciones del estado y del sector privado, y la necesidad de combatirlos. Al mismo tiempo, la OEA le hace eco a la política enunciada por Obama, se lamenta de la ausencia de políticas de salud pública y de lo poco que se hace en América Latina en materia de tratamiento de adictos, y advierte sobre la necesidad de suavizar las penas al consumo.

En Colombia se está cocinando entre prominentes políticos y académicos una propuesta para despenalizar el uso de la marihuana, y Santos se prepara para llevarles propuestas de cambio en la política antinarcóticos a sus colegas de la Alianza del Pacífico en Cali la semana entrante. Esta nueva alianza tiene el potencial de convertirse en un poderos bloque político y económico y lo que haga en esta materia probablemente va a dar la pauta en el continente.