La canción "Vámonos" que popularizaron Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez dice en una de sus estrofas "vámonos alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada….’’. Podría ser un himno nacional alternativo excepto porque las leyes, que aquí abundan, les sirven a los que las aplican y a los que las interpretan para que no haya justicia ni nada.

Reina la arbitrariedad en los tribunales y en las cortes impera el clientelismo. Las sentencias se le hacen al cliente a la medida y los nombramientos en las cortes se hacen rigurosamente de acuerdo al principio de dar y recibir que caracteriza a las sociedades más primitivas y más corruptas. Juan le nombra un amigo a Pedro para que él le nombre uno a Juan. El que tiene más puestos para ofrecer, que es el Procurador, se convierte en todopoderoso.

A jugar por el comportamiento de algunos magistrados en el caso Petro, este toma y daca no se circunscribe al poder judicial. Hay magistrados con señoras colocadas en el Acueducto y en las empresas de energía de Bogotá. Si alguien en una alcaldía o en el gobierno central necesita amigos en los tribunales, les nombra familiares a cargo de los contribuyentes y queda muy bien apertrechado para lo que haga falta. Como el congreso puede designar integrantes de ternas para cargos clave en el sistema de justicia, también participa activamente en esta feria burocrática de favores cruzados que está haciendo una burla del concepto de la separación de poderes y de la imparcialidad de la justicia.

Si hay un intercambio de ponencias y fallos por favores no se puede esperar consistencia, mesura o responsabilidad en los tribunales. La seguridad jurídica no existe. Lo que es cierto un día deja de serlo al siguiente. Si las cortes están dominadas por alguien que representa una sola línea de pensamiento, como sucedería si el actual Procurador tiene éxito en adueñarse de la Corte Constitucional, se perdería el pluralismo que es esencial en una democracia y el equilibrio ideológico en la cumbre del sistema judicial.

La trayectoria jurídica del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la del proceso de destitución de Petro son ejemplos de lo que sucede cuando se parcializa la justicia. Petro inició el despelote actual cuando con pleno conocimiento y sin atender advertencias de nadie se pasó por la faja las normas y arbitrariamente expidió un nuevo POT para Bogotá sin contar con autoridad para hacerlo. No lo destituyeron por este abuso pero debieron haberlo incluido como una razón adicional para haberlo hecho. En ese momento las cortes debieron haber suspendido inmediatamente ese POT y se hubiera evitado un perjuicio enorme. Ahora lo hicieron por razones puramente jurídicas, dice la presidente del Consejo de Estado, porque el alcalde no tenía facultades para haberlo expedido. Y eso estaba claro desde un principio porque existía un precedente ya fallado. Pero no lo hicieron a tiempo, y con la suspensión extemporánea se va a paralizar la construcción en Bogotá.

Ahora solamente hace falta que los magistrados amigos del exalcalde Petro en el Consejo de Estado y los abogados de éste lo vuelvan a poner en el cargo para que Bogotá quede en nada, como la justicia.