Frente a la tesis del Congreso Nacional de Economía celebrado en Cúcuta (1979), de que los dos principales problemas de Colombia eran la concentración del poder y de la riqueza, el entonces profesor de la Universidad Nacional de Colombia, economista Jesús Antonio Bejarano, oponía a esa conclusión un comentario señalando que ambos eran un mismo problema, puesto que la clase de propiedad que se establezca sobre los medios de producción es lo que define las relaciones de producción, y como tal el sistema político.

Permítanme ilustrar lo dicho con dos ejemplos antagónicos asociados al desarrollo de la Nación y al tema ambiental, cuando se enfrentan las contradicciones entre nuestra economía de mercado y el Estado: uno, el que importen más los micos que sirven a un fin trascendente como el del Instituto de Inmunología colombiano, quien con limitaciones para sus investigaciones y mucho esfuerzo genera conocimiento con propósitos humanitarios, que los micos del Congreso para el asalto a la cosa pública; y dos, el de la autoridad ambiental que, además de desestimar el desierto de muerte en Casanare, desconoce responsabilidades a su cargo, para terminar también como en el caso anterior, favoreciendo al mercado.

Sobre Manuel Elkin Patarroyo, quien ayer había sido víctima del desfinanciamiento de sus investigaciones sobre la vacuna sintética contra la malaria por parte de Colciencias, hoy cuando la carrera por coronar la producción de este preciado bien donado con propósitos humanitarios, que se desarrolla conforme a principios éticos fundamentales, surge un fallo del Consejo de Estado de Colombia calificado por el subdirector del South Centre como una vergüenza, por condenar al científico tolimense a suspender durante años el uso de los monos del Amazonas, hasta no obtener una licencia.

Si bien la investigación que beneficiaría a 3.500 millones de habitantes de naciones pobres del planeta, incluye extender esa tecnología innovadora para la producción de otras vacunas sintéticas, como esta que en un mercado controlado por las multinacionales farmacéuticas valdría diez veces más, el acto judicial que desconocer que dichos animales son capturados en Colombia sin poner en riesgo la especie ni su ecosistema trinacional, en lugar de reclamar el apoyo del Estado para Patarroyo, no le deja opciones para la producción oportuna de su vacuna, pues lo obliga a suspender labores hasta obtener los certificados, lo que pone en riesgo una actividad científica de Colombia que podría perder la carrera por la patente en pocos años.

Y sobre el ecocidio de los chigüiros, un espécimen de la fauna silvestre colombiana, que dada la presión antrópica en pocos años podría encontrarse en peligro de extinción, de la que sus dos especies conocidas en Colombia están aisladas geográficamente por nuestros Andes: la Hydrochoerus isthmius que habita la vertiente Caribe y valles interandinos, y la Hydrochoerus hydrochaeris ubicada en la Orinoquia y Amazonía, preocupa que la hoy Ministra el Medio Ambiente y ayer responsable de las licencias ambientales para las petroleras del país, hiciera esta absurda afirmación: "No fue la tragedia que los medios presentaron en Casanare; allí hay un millón de chigüiros [...] solo se murieron 6.000?

Difícilmente la sequía sola podría explicar la extensión local de sus impactos por la intensa ola de calor, ya que tras cada temporada húmeda ocurrida entre abril y noviembre, año por año siempre quedan reservorios de agua con sus babillas, peces y tortugas, para que en cada temporada seca, de diciembre a marzo, chigüiros, venados, ganado y aves encuentren el preciado líquido y su alimento, yendo a lagunas formadas por meandros abandonados, a caños encharcados asociados a corrientes trenzadas, a esteros, morichales y cananguchales de las vagas y rondas del drenaje.

Entonces la hecatombe del Casanare, aunque pueda asociarse a un evento climático extremo como factor contribuyente, obligaría a señalar factores estructurales como la imprevisión de la autoridad ambiental, quien contemplando los beneficios del crecimiento económico, nunca controló la causa real de una tragedia asociada al impacto de la prospección petrolera con sus perforaciones y cargas sísmicas profundas que destruyen acuíferos, al uso indebido del agua por arroceros y palmeros, y al descontrol hídrico y pluviométrico causado por la deforestación de la Cordillera Oriental con su piedemonte llanero y los bosques de galería.