Si hay algo que desdice del nivel socioeconómico de un país, son las bajas coberturas en agua potable y saneamiento básico. Las mediciones internacionales le dan un peso importante a estos factores cuando de calcular la pobreza se trata.

En la plenaria de la Cámara de Representantes tuvo lugar un debate de control político, citado por este servidor, a efectos de evaluar los planes departamentales de agua -PDA-, política pública que tiene como propósito lograr economías de escala, esquemas regionales, y en últimas, mayores posibilidades de acceso a tan importantes servicios públicos.

Con la presencia de la señora Contralora General de la República, el Superintendente de Servicios Públicos, Planeación Nacional y el Ministro de Vivienda, se tuvo la oportunidad de advertir una serie de circunstancias que evidencian la errada materialización de esa política en detrimento de los colombianos más pobres. Centralización en la toma de decisiones, falta de planeación, ausencia de diagnósticos y desconocimiento de las realidades locales, dieron al traste con lo que pudo ser una buena iniciativa.

Las cifras son dicientes. En acueducto solo tres departamentos tienen coberturas superiores al 90%. En alcantarillado más de la mitad de los departamentos cuentan con menos del 50% de cobertura y en calidad de agua, escasamente ocho departamentos se encuentran sin riesgo. En el sector rural la situación es deplorable, toda vez que más del 70% de los campesinos carecen de agua potable. Hoy día no se tiene cifras claras del impacto de los PDA, no existen mediciones ni indicadores confiables, por lo que puede decirse que en estos cuatro años no ha mejorado el país.

Para 2010, según el cronograma de los PDA, se llevaría a cabo la contratación y ejecución de las obras, lo que aún no ocurre. Paradójicamente, la fiducia contratada para la administración de los recursos, ha recibido más de dos billones de pesos, de los cuáles 1,5 billones se encuentran en caja. En ciertos casos los costos de administración de los recursos superan el 7% y los rendimientos financieros ni siquiera alcanzan para cubrir estas obligaciones. Como van las cosas, serán más los dineros que irán a engrosar las utilidades de algunas entidades financieras, que lo que verdaderamente se invertirá en obras públicas en los diferentes municipios del país.

Según cálculos del Ministerio de Vivienda, las necesidades de inversión en agua potable y saneamiento básico superan los 19 billones de pesos, advirtiendo que en el futuro, un número importante de municipios no contarán con recursos para subsidiar los estratos más pobres. Complejo panorama si partimos del hecho de que el 48% de los hogares colombianos se encuentran en estratos 1 y 2.

De acuerdo con el plan de desarrollo propuesto por este Gobierno, para 2014 se espera aumentar en 2,8 millones la población beneficiada con servicio de acueducto, y en 4,5 millones para saneamiento básico. Esperemos que estas metas se cumplan, a pesar de estar muy lejos de las necesidades actuales.

Urge redefinir la política y articularla con la nueva propuesta de aguas para la prosperidad. Evaluar el criticado esquema financiero del que solo se aprovechan los bancos. Descentralizar la ventanilla única que impide la celeridad en la aprobación de los proyectos y que a voces del Ministro está permeada por mafias. Es imperativo orientar recursos para el sector rural a fin de mejorar las posibilidades de acceso a veredas y centros poblados de gran concentración poblacional.

No puede ser aceptable que a estas alturas del siglo, sean tantas las deficiencias detectadas y tan pocas las expectativas futuras. El acceso a los servicios públicos es un derecho Constitucional que no puede ser cercenado tan alevemente.