Pirro fue un rey del Epiro (Grecia), que se enfrentó a los romanos con la idea de imponer un imperio helénico, lo que no le funcionó. En Ausculum los venció, pero con tan grandes pérdidas que desde entonces se habla de "victorias pírricas", para referirse a aquellas en las que el triunfo es demasiado costoso*. Las personas pendencieras insisten en casar peleas, sin importarles los costos humanos y materiales, por el prurito de luchar. Eso es lo que buscan, al parecer, los enemigos de los tratados de paz, por soberbia, intemperancia o por negocio, cuando tienen vínculos con el tráfico de armas o les conviene el río revuelto para pescar en él terratenientes y contratistas oficiales. Conservar tierras mal habidas o reconstruir lo que la insurgencia daña son muy buenos negocios. Así que una paz que implique devolverles a los campesinos los predios que les arrebataron o renunciar a los contratos de obras públicas ligados a la corrupción no conviene a los intereses de políticos clientelistas y sus aliados mafiosos.

Una costumbre nueva en la administración pública es perseguir judicialmente a quien gana las elecciones, por hacer el daño y satisfacer la perversidad de los opositores. Por esa razón, los profesionales capacitados evitan las posiciones oficiales, no tanto por las malas remuneraciones como por el peligro de verse envueltos en enredos, que no solamente minimizan las posibilidades de ser eficientes, sino que atentan contra su tranquilidad personal y la de sus familias. Y la experiencia y el conocimiento no valen si no hay títulos académicos que los acrediten, lo que estimula otro tipo de corrupción, que es presentar los aspirantes a posiciones del Estado certificaciones apócrifas, sobre conocimientos que no tienen.

Como "de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno", el Estatuto Anticorrupción, promulgado con toda pompa hace más de dos décadas, creo, entre otras cosas que se quedaron en letra muerta o estimularon la imaginación de los vivos, unas inhabilidades para aspirar a cargos de elección popular o de manejo y decisión administrativa, que no han servido para nada distinto de atajar a candidatos buenos, para facilitar el ascenso de otros de dudosas calidades. Y para que tengan de donde pegarse los leguleyos para sacarse espinas de elecciones perdidas o de nombramientos no logrados, sin importar el daño que les hagan a las comunidades. Con el agravante de que los pomposos magistrados de las altas cortes, tan ocupados en viajes de "estudio" al exterior, en dictar conferencias (muy bien remuneradas) o en asistir a foros, seminarios y encuentros con pares académicos (siempre fuera del país), dejan en manos de subalternos el estudio de la decisiones de "última instancia", sin hacer uso de la facultad de "sentar doctrina" fallando a favor de los intereses mayoritarios de la sociedad, pegados de cualquier inciso pueril, para que los "pirros" ganen batallas jurídicas, dejando tendida en el campo la institucionalidad administrativa honesta, eficiente y calificada. Eso acaba de pasar en Caldas.

* Diccionario Enciclopédico Norma.