En el reciente debate en el Senado se confirmó lo que ya se sabía: que el sistema de salud es tan corrupto que navega en un mar de pus y que está a punto de colapsar. La Contralora General de la República, Sandra Morelli, informó sobre imputaciones de cargos por más de un billón de pesos y aclaró que las pérdidas superan en mucho esa suma. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con 15 mil millones de pesos a catorce EPS y a Acemi, la organización que las agrupa -como un "cartel" las definió-, porque se coludieron para defraudar al sistema de salud (http://ow.ly/d/DEe). Y se denunciaron el maltrato laboral a médicos y enfermeras y la mala calidad de la atención que reciben los colombianos.

Aumentan las voces que proponen una reforma de fondo a la salud. La Corte Constitucional reclamó por lo mal que están las cosas y por su "tendencia a empeorarse", dijo que el "Estado debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de que entidades privadas, en su calidad de intermediarios, hagan parte del sistema de salud" y concluyó que se "hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura" (http://ow.ly/d/DEi). Las principales organizaciones de médicos plantearon "una revisión a fondo de la estructura del sistema", porque el derecho a la salud "riñe con la concepción rentista y la costosa y peligrosa intermediación que han campeado dentro del sistema desde su creación" (http://ow.ly/d/DEk). En términos semejantes se pronuncian las clínicas y hospitales públicos y privados (Acesi y ACHC, http://ow.ly/d/DEn).

Se sabe que el sistema de salud de Colombia se inspira en el de Estados Unidos, el peor del mundo capitalista, y que hay otros, como los originados en Alemania e Inglaterra (http://ow.ly/d/DEH), que pueden inspirar la reforma requerida. Y se fortalece la idea de que la Ley 100 es incapaz de albergar un sistema que opere bien, por lo que hay que reemplazarla por otra que no se diseñe al servicio del sector financiero -las EPS-, beneficiario del aseguramiento, que consiste en que los intermediarios -las EPS- cobran cara la administración de los recursos y, además, se arrogan el derecho de echarse al bolsillo, como ganancias, hasta los recursos parafiscales. Se dejó claro que lo que se busca no es volver a lo de antes de la Ley 100, que el paso del modelo actual al que lo reemplace debe diseñarse cuidadosamente, que no habrá despidos masivos entre los trabajadores de las EPS y que no se estatizará la salud, porque en ella deben coexistir instituciones públicas y privadas como prestadoras de servicios (IPS).

La nota discordante la puso la ministra de Salud, que defendió el aseguramiento, lo que hace necesarias a las EPS. En el debate expliqué que la cúpula santista tiene conveniencias personales en el negocio: el exministro Santamaría y la ministra Londoño son tecnócratas que se ganan la vida defendiendo lo que diga la banca internacional y ahí ven su futuro, el ministro de Hacienda ha sido contratista de Saludcoop y de Afidro, que agrupa a las trasnacionales de los medicamentos, la señora del ministro de Comercio, Industria y Turismo trabaja para Saludcoop, el hermano de Germán Vargas Lleras es el defensor de Carlos Palacino en el caso del cartel de las EPS y el actual Fiscal General recibió de Saludcoop cinco mil millones de pesos por defenderla en negocios contrarios al interés nacional. Estas verdades en parte explican por qué Santos no pierde micrófono para hacer demagogia sobre la crisis de la salud, mientras se dedica a mantener el sistema de aseguramiento del que se lucran las EPS.

Cambiar el sistema de salud exige, por tanto, derrotar el punto de vista del gobierno. Aquí no caben inocencias. Y ello requiere de una gran movilización democrática, en la que son imprescindibles los médicos y demás trabajadores de salud, para poder llevar a Santos a aceptar la reforma que se necesita. El estudiantado mostró el camino.

Coletilla: En fotografías aéreas de la Federación de Cafeteros aparecen como cafetales lotes que no tienen café (http://ow.ly/d/DEI), error que puede explicarse por desgreño o por cálculo y que puede conducir a apropiaciones indebidas de recursos públicos. Que a las falsas fotografías no les sume la Federación explicaciones que tampoco son ciertas: las fotos que muestro se tomaron hace poco del Sistema de Información Cafetera (Sica) y estaban en uso en ese momento. Si no hay que temer, que se haga público el Sica. Otro argumento más para oponerse al absurdo aumento de los impuestos cafeteros que pretenden el gobierno y la alta burocracia cafetera (http://bit.ly/JRC8ce)