Por fin llegó el día de la libertad para el último grupo de los denominados secuestrados políticos, sin embargo, según la Fundación País Libre, quedan cerca de 450 personas que viven la tortura del secuestro, y a los cuales seguimos esperando.

Estas liberaciones han sido vistas, por el presidente Santos, como "un paso muy importante y en la dirección correcta para conseguir la paz". Si vamos a emprender un proceso de construcción de paz, como Nación, debemos aprender de nuestras experiencias pasadas para no cometer los mismos errores.

Partamos de la base que la amnistía total ya no es posible. La humanidad ha recorrido caminos muy dolorosos que han concluido en que, el perdón y el olvido que usamos en los años 80 y 90, ya no son viables. Este camino, que inició con los juicios de Núremberg, y recorrió casi todas las atrocidades de la segunda mitad del siglo XX, alcanzó su cumbre con los genocidios de Ruanda y la ex Yugoslavia. Después de toda esta triste historia, el perdón absoluto a cambio de la paz, ya no es una alternativa.

Por tal motivo, los principios de verdad, justicia y reparación hacen parte de un cuerpo inmodificable de normas internacionales que todos los estados democráticos deben respetar. Así las cosas, con relación a estos derechos, salvo el de la justicia, no cabe negociación.

Durante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, mucho se advirtió sobre las modificaciones que el Congreso introdujo a la Ley de Justicia y Paz, y que terminaron desdibujando la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. También se señaló la incapacidad del Estado colombiano para establecer una verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado. Evidentemente, sin verdad, no se pueden dar los pasos subsiguientes hacia la justicia y la reparación.

Hasta el momento, no hemos podido establecer la verdad, nos van contando las historias a cuenta gotas, según como se desarrolla la realidad política del país. Adicionalmente, terminamos delegando, en otro Estado, el ejercicio de la justicia. ¿Cómo puede un pueblo reconciliarse si la justicia termina en manos de terceros? A falta de justicia, la verdad terminó siendo venganza. Por su parte, la ecuación de reparación resulta inexacta si no se cuenta con la verdad que la determine y la justicia que la tase. En este sentido, la reparación también cojea.

El presidente Santos tiene claro que la restitución de tierras es un elemento fundamental para garantizar la transición hacia una paz duradera y estable. Pero nuevamente, nuestro Estado parece incapaz de garantizar la seguridad y la vida de aquellas personas que ejercen este derecho. Al momento de escribir esta columna, 13 líderes de este movimiento habían sido asesinados. Es fundamental que los organismos de seguridad del Estado se esfuercen al máximo, para que no haya un muerto más.

Adicionalmente, no lograremos la tan anhelada paz si no se garantizan las condiciones mínimas para el desarrollo productivo y sostenible de estas tierras. Asimismo, es fundamental la generación de puestos de trabajo rurales formales y dignos. Lo anterior, no se consigue si el Gobierno continúa firmando tratados de libre comercio a espaldas del sector agropecuario, si sigue gravando los insumos para la producción agroindustrial, si no se controla la revaluación del peso, si no mejora las condiciones de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país y si el precio de la gasolina continúa en ascenso.

En conclusión, si queremos la paz, necesitamos primero un Estado viable. Tengo puesta la esperanza en que no seremos inferiores a este reto.