"La educación privada está contra la pared: cada día tenemos menos alumnos, no solo por la gratuidad sino también por la baja en las tasas de natalidad", así analiza Leonardo Rincón, presidente de Conaced, Confederación Nacional Católica de Colombia, la situación actual de la educación privada, en el último número de la revista Cultura.

Los números así lo confirman: de 11 mil quinientos establecimientos educativos privados en el 2002, se pasó a menos de 10 mil en el 2010. Por ello, se pasó de atender casi dos millones doscientos mil estudiantes en el año 2002 a servir únicamente un millón setecientos mil. La educación privada está de capa caída. La verdad es que paralelamente a este fenómeno, la educación pública aumentó significativamente su cobertura.

La pregunta de fondo es cuál es la mejor combinación entre educación prestada por el Estado y por los privados. Hay razones que muchas veces se centran especialmente en cuestiones ideológicas o arbitrariedades estatistas que anulan la posibilidad de la competencia privada y abortan la fecundación de la sociedad gracias a los distintos enfoques que tiene la educación privada. Uno de esos enfoques ha sido tradicional en Colombia: el de los colegios de religiosos. Muchos planteles por donde han pasado miles de colombianos han sido llevados por miembros de las iglesias. Este asunto de la educación termina tocando uno de fundamental importancia: la libertad enseñanza y la libertad religiosa. Y el Estado antes que atentar contra ellas, debe mantener un cuadro de colaboración y ayuda. La libertad de las familias para decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos está en crisis con el grave peligro que está corriendo la educación privada.

Mientras que otros países latinoamericanos tienen una amplia política de confluencia de recursos entre los padres de familia y el Estado en un marco de libertad de escogencia de la educación, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional está decidido a ir minando y ahorcando lenta pero indefectiblemente la educación privada, al no permitir que haya complementariedad entre los esfuerzos del presupuesto nacional y de los padres de familia con la llamada política de gratuidad.

Qué pesar, la educación privada va a quedar reducida a los colegios para estratos altos, donde las familias, conscientes de la inversión fundamental en el futuro de sus hijos, prefieren pagar colegios privados que llevar a sus hijos a los colegios oficiales. Pero quienes no tienen capacidad de pago quedan condenados a llevarlos sin otra posibilidad a los oficiales.

Pero no todo está en el campo de la política pública. Hay también mucho por hacer desde Conaced y en general entre los colegios de Iglesia. Hay que buscar una recomposición del sector, siendo generosos, creativos y flexibles, se deben lograr grandes acuerdos para buscar la viabilidad de la educación católica en cada ciudad. O desaparecerá lenta, pero seguramente. No podemos esperar que todo nos lo arreglen funcionarios del Ministerio de Educación que tienen otros intereses.

El Ministerio de Educación no puede dejar de dar el debate público sobre el tema. Qué bueno que se crearan escenarios para poder, de cara al país, discutir el tema. Es de vital importancia para el futuro de nuestra sociedad y no lo podemos dejar encerrado en unos cuantos escritorios de burócratas del Ministerio. Este debate hay que hacerlo a la luz pública y en serio. Por lo pronto la educación católica debería iniciar un proceso de concertación para asegurar nuestro futuro.