El Informe de Transparencia Internacional publicado el año pasado nos califica con 3,4 sobre 10 en cuanto a naciones corruptas. Ocupamos el puesto 80 entre 183 países evaluados. La Contraloría General, también el año pasado, indicó que la corrupción en Colombia deja más de $10 billones en pérdidas, y más de un funcionario público está ahí enredado. Por su parte, la Corporación Transparencia por Colombia ha publicado decenas de artículos en su portal de Internet donde los ciudadanos señalan que el foco de podredumbre está en la política.

Ahora resulta que la Mesa Directiva Conjunta de las Comisiones de Ética del Senado de la República y la Cámara de Representantes abrió una convocatoria pública para dar medallas para quienes luchen contra la corrupción y otras para premiar la ética pública. La medalla "Luis Carlos Galán" y la "Pedro Pascasio Martínez". Nuestros representantes, esos adalides de la ética, la responsabilidad y la moral; esos que tumbaron la ley de la silla vacía para permitir que los partidos corruptos sigan con representación, que están buscando la forma de permitir de nuevo el transfuguismo de partidos, que no trabajan los 12 meses del año (tengo entendido que escasamente suman los siete meses) y que se reajustan sus millonarios sueldos a su antojo... ¡muy caraduras!

Recientemente vimos los espectáculos del senador Eduardo Carlos Merlano de negarse a un prueba de alcoholemia cuando manejaba sin pase e intimidar a unos agentes de policía con su superior (que le costó el puesto a un oficial con 30 años de carrera) y luego sacar una licencia de conducción en tiempo récord (¡tres días!); y las declaraciones del diputado antioqueño Rodrigo Mesa sobre invertir en el Chocó ("es como echarle perfume a un bollo"). Dos ejemplos de que nuestros dirigentes se creen de una casta diferente al resto de colombianos. Para ellos no hay leyes y entre más tiempo pasan en el poder son más cínicos.

La perla de la semana fue la del vicepresidente Angelino Garzón que trató de "zarrapastrosos" a quienes no viajan en primera clase en un avión. ¿Este era nuestro candidato a la Organización Internacional del Trabajo? ¿El que iba a defender los intereses de los trabajadores? Menos mal no salió elegido. Como dijo Rubén Blades: "El poder no corrompe; el poder desenmascara".

¿Y qué vamos a hacer? Cuando el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, dijo que su sueldo de 16 millones de pesos mensuales (sin contar viáticos, primas...) no le alcanzaba para tanquear dos carros, en un acto folclórico se hizo una ‘corzotón’ con billetes de juguete en la Plaza de Bolívar de Bogotá. A los otros bocones (Merlano, Mesa y Garzón, entre muchos otros) les han protestado a través de las redes sociales, en actos tan simbólicos como inútiles. Nadie se ha atrevido a la sanción social. Hasta ahora no se ha reportado que en un restaurante no atiendan a algún senador cuestionado, o que un islero se niegue a tanquear una de las camionetas de Corzo. Todo lo contrario, se les sigue tratando como a reyes, cuando son ellos los que nos deben servir a nosotros (de ahí "servidor público"). Son sátrapas.

No hay que ir muy lejos para ver cómo es la permisividad social y el indulto a estos personajes. En la región tenemos al exsenador Ómar Yepes, un tipo que para muchos es un personaje simpático y con gran carisma; uno al que le abren las puertas y los más lambones, le hacen reverencias. Un personaje que desde los años 80 del siglo pasado viene siendo cuestionado: desde el Gran Robo a Caldas a través de la Licorera hasta la investigación que le tiene la Corte Suprema por la supuesta apropiación de bienes de la mafia a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

De Ómar hay grabaciones -del 2001- que lo dejaban en evidencia sobre cómo a través de Josué Jaramillo (un subalterno) ubicaba a personas de su cuerda en el ICBF, en la Chec, en el Sena y la Industria Licorera de Caldas a cambio de votos y favores políticos. En 2004, sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado le mantuvo la investidura al senador caldense. El claro tráfico de influencias terminó convertido en lo que la magistrada María Inés Ortiz llamó "algunas recomendaciones".

Entonces no hay castigo político, penal o social para ellos. Ni para Merlano, Corzo, Angelino o Yepes. Siguen "recomendando", influenciando, insultando y, en algunos casos, cobrando para que la maquinaria funcione. Ayudan a que las cifras de corrupción en el país se sostengan y siga la desconfianza a los sistemas del Estado. Para colmo de males hay que llamarlos "honorables" y se quieren limpiar su imagen con medallitas.