Restan escasísimos tres (3) meses para que entre en vigencia la Ley 1437 de 2011 que contiene el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual regulará en forma más técnica las actuaciones que se surtan a partir del 2 de julio del año en curso ante la administración pública, con el que se buscará hacerla más transparente, responsable, dinámica y expedita; a la vez que establece, también desde esa fecha, un nuevo modelo de proceso para el juzgamiento de las actuaciones de esa administración: el proceso oral contencioso administrativo, con el que se pretende reducir los tiempos procesales de manera superlativa.

Una de las quejas de la comunidad judicial penal que debió asumir los retos de su novedoso sistema oral (entiéndase acusatorio), fue frente a la capacitación que se le otorgó, la que no ha dudado en calificar de insuficiente y atropellada, toda vez que en muy poco tiempo se le preparó para asumir semejante rol en la investigación y juzgamiento de los delitos, que cambiaba definitivamente la tradicional estructura del proceso penal y modelaría una novel concepción mental y cultural en investigadores, juzgadores, abogados y la misma sociedad que se disponían a enfrentar ese designio. A ello se sumó la siempre insuficiencia de recursos para hacerle frente a las diversas y cada vez más complejas modalidades delictivas que se presentan en nuestro país. Hoy parece repetirse la lección.

En un encuentro sobre medidas de descongestión realizado hace pocos meses en la ciudad de Santa Marta, organizado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, un Magistrado de la Corte Suprema Costarricense manifestó que para la implementación del proceso oral contencioso administrativo en ese pequeño país se había dado un plazo de dos años y medio para la preparación de los funcionarios judiciales, tiempo que, también dijo, les estaba resultando corto para el objetivo propuesto.

Colombia, como se expuso, a escasos tres meses de implementar el nuevo modelo procesal en la justicia administrativa, la Rama Judicial todavía no ha comenzado directamente el adiestramiento o formación pertinente sobre el nuevo papel que asumirán los funcionarios que se encargarán de juzgar, con ese sistema, las actuaciones de la Administración del Estado. La ESAP y algunas universidades del país han promovido seminarios en la difusión de la nueva normativa, pero un curso específico del papel que aquellos asumirán, con las probables eventualidades a las que muy posiblemente se verán enfrentados, aún no llega. El Gobierno nacional es partidario de prorrogar la vigencia de la Ley 1437, y esa sorpresa podría darse en la actual legislatura, sin embargo las altas jerarquías de la justicia administrativa expresan su inconveniencia.

No es menudo el reto que le espera ahora a la justicia contenciosa administrativa frente al país. Se tiene la voluntad y fundamentación normativa de los funcionarios judiciales para asumirlo, pero igualmente carece de una formación específica sobre el papel que entrará a desempeñar. La Escuela Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’ a marchas forzadas está diseñando un programa de capacitación para los funcionarios y empleados que entrarán al nuevo sistema y el cual se deberá replicar en toda la República en los días que restan; pero como nuestra gente nunca se arredra ante los compromisos que se le plantea, esperamos que, con disposición y recursos, todo le salga bien a la jurisdicción y se materialicen así mismo con ello los anhelos que Colombia busca.