La administración municipal de Manizales le ha propuesto al Concejo el aval para realizar una consulta popular paralela con las elecciones atípicas para gobernador el 25 de agosto, en la cual se definiría si se implementa en la ciudad el pico y placa para particulares.
Cabe recordar que los estudios realizados por la propia Secretaría de Tránsito en el primer semestre de 2012 determinaron que la velocidad de operación de todos los vehículos en la ciudad era la adecuada, por lo que la idea de implementar esta medida se ha aplazado en varias ocasiones, a pesar de las presiones que ejerce el gremio de taxistas y transportadores.
No se entiende entonces por qué hoy se le quiere trasladar al pueblo la responsabilidad de una decisión de esta naturaleza, y terminar basándola en la querencia o manipulación popular. Si existen los estudios técnicos que determinan que no se debe implementar el pico y placa, ¿por qué dejar la decisión al arbitrio, el oportunismo o el beneficio de un sector productivo? Estas son decisiones de carácter técnico que tienen que obedecer a situaciones reales y no a intereses particulares.
Por otro lado, el resultado de estos estudios y el caos real que se vive, nos indican algo más profundo y que no se ha asumido con la responsabilidad suficiente: la falta de autoridad en Manizales. Porque sin necesidad de ser expertos en temas de movilidad, quienes sufrimos los atrancos en algunos sectores de la ciudad en horas pico, vemos que, en su gran mayoría, son causados por la incultura, el abuso y el irrespeto de conductores que parquean sus vehículos en las vías de alto flujo; el desorden y la imprudencia de los motociclistas; y los taxis, buses y busetas que han convertido a toda la ciudad en un paradero donde dejan y recogen sus pasajeros, muchas veces ante los ojos complacientes de policías que deberían estar para regular y controlar.
Pero esto para los agentes de tránsito parece ser algo desconocido e imperceptible. Porque ellos mismos, que con el conductor particular se muestran tan exigentes, agresivos, prepotentes y determinantes, se arredran cuando se trata del conductor de un vehículo de servicio público. No se sabe si por órdenes de sus jefes que no se atreven a lesionar a sus socios, compinches y cogobernantes transportadores, o si existe algún pacto individual para no lesionar al transporte público y dejar que hagan de la ciudad un caos como el que se vive en horas pico.
En todo caso, antes de entrar a gastar una gruesa suma de dinero en esa irrisoria consulta, y de desgastarse en alto grado la administración municipal, bien podría ensayar exigiendo el cumplimiento de las leyes y las normas de tránsito. Con la ayuda de cámaras de seguridad y con la presencia activa de guardas y policías en puntos neurálgicos de la ciudad, se podría controlar la situación que hoy parece provocar una consulta absurda que, en últimas, tendría efectos contraproducentes al constituirse en una camisa de fuerza de obligatorio cumplimiento, independientemente de las circunstancias reales que se vivan.
Se puede concluir entonces que elevar a consulta popular una decisión que es de resorte meramente administrativo y ejecutivo, es como si se le consultara al pueblo si las autoridades municipales deben o no aplicar las leyes y normas. Porque una de las principales obligaciones de la Secretaría de Tránsito es precisamente velar por la buena movilidad en la ciudad, convertida hoy en un caos por causa de su propias debilidades y por su indolencia e ineficiencia en la aplicación de las leyes que nos rigen.
Por último, todos los ciudadanos tenemos que concientizarnos de la importancia de cumplir con las normas de tránsito para evitar que se tomen medidas de este tipo. Porque muchos de nosotros que hacemos parte también del problema, tenemos que tomar la decisión de hacer parte de la solución. Solo es cuestión de cumplir las normas.
Señor Secretario de Tránsito: no le dé miedo aplicar la ley; no trate de escudar su temor de tomar determinaciones contundentes, en mecanismos irregulares e ilógicos. Sabemos de las presiones que ejercen los transportadores en todo lo que tiene que ver con sus intereses particulares, pero si esto es óbice para ejercer con prontitud, rigurosidad y temple la autoridad que la ley le otorga, pues lo mejor es dejar que ese cargo lo asuma quien sí esté dispuesto a jugársela por el bienestar, el control y la aplicación de las leyes y sanciones contempladas en nuestros códigos. ¡En sus manos está -y no en las del pueblo- que entren en cintura los pocos actores que violan a diario las leyes y las normas de tránsito y que parecen estar seguros de contar con su tácita aquiescencia! Lo demás -incluida la absurda consulta- solo demuestra debilidad, demagogia e incapacidad para enfrentar a los transportadores que cada día ganan más espacio irregular en nuestro municipio. ¡Es decir, solo demuestra falta de autoridad!
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