Hace carrera en Caldas, al igual que en muchas regiones del país, una manía facilista de comunicación y de pronunciamientos por medio de la cual organizaciones oficiales y algunos personajes de la vida pública acuden para dar respuestas y "poner la cara" cuando se les cuestiona, se les reclama información o se les pide claridad y mayor precisión sobre hechos que generan dudas o que deben ser discutidos de manera amplia y transparente ante la comunidad.

Se trata de los comunicados y algunas veces los boletines de prensa con los cuales en ocasiones se pretende eludir la responsabilidad de esclarecer abierta y ampliamente hechos o episodios polémicos que necesitan ser explicados ante el común de la gente, con la posibilidad de que además los periodistas puedan preguntar y contrapreguntar cuando lo dicho no satisface las expectativas ni despeja otras inquietudes que surgen.

Voy al caso de los comunicados. A raíz del escandaloso y triste episodio de la reforma a la justicia, proyecto que a la hora de la conciliación que debían hacerle tanto Cámara como Senado, fue acomodado a los intereses de los congresistas, gobierno nacional y miembros de la rama judicial, buscamos días después a varios de los caldenses responsables de representarnos en el legislativo para hablar de viva voz con ellos sobre su posición ante semejante afrenta cometida, pero nos encontramos con un silencio y una evidente apatía a dialogar que días después quisieron reemplazar por comunicados escritos enviados a nuestros correos electrónicos.

Ese fue el caso del senador del Partido de la U, Jaime Alonso Zuluaga, a quien a pesar de buscarlo mediante llamadas y mensajes a través de su grupo de comunicaciones no atendió a los mismos, aunque días después envió un comunicado en el que señaló que no votó dicho engendro. Pero no obstante su posición escrita, se negó a responder ante un periodista para explicar su posición sobre ese espinoso tema.

Algo similar hicieron otros congresistas nuestros que con quites a la obligación de informar cómo votaron dicha iniciativa, porqué lo hicieron y cuál era su impresión frente a lo sucedido dentro del Capitolio Nacional, enviaron escuetos comunicados de prensa, actitud con la que consideraron se despejaban las dudas ante semejante episodio allí fraguado.

También sorprendió por su silencio frente a este tema, más si se tiene en cuenta su activo protagonismo en dicha reforma ya que integra la comisión primera de esa corporación, la Representante a la Cámara liberal, Adriana Franco, pues por esos días de escándalo no respondió su celular y no devolvió llamadas a pesar de los mensajes de voz dejados. Pero de ella se supo casi una semana después cuando, además tarde, emitió un comunicado en nombre del Partido Liberal y como presidenta de esa colectividad en Caldas, expresando su solidaridad con el gobernador Guido Echeverri por el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo que anuló su elección, es decir, nunca les explicó públicamente a los caldenses cuál fue su actuación en el trámite de la escandalosa reforma.

Pero si de negativas a ampliar o entregar informaciones en Caldas se trata, algo que raya casi con la censura, tenemos los ejemplos de organismos públicos como la Fiscalía Seccional que directamente o a través del CTI envía comunicados escuetos sobre procedimientos judiciales que realiza periódicamente, pero no permite ampliar detalles de los mismos argumentando que es orden del Fiscal General la Nación entregar pormenores de sus tareas.

Nada distinto pasa con el Instituto Penitenciario de Colombia (Inpec) que tiene una dirección regional para la zona cafetera pero que amparado en clausulas de seguridad (eso medio se entiende) niega información permanente y restringe la labor periodística cuando se trata de abordar hechos relacionados con las cárceles.

No sé para qué hay despachos regionales de la Procuraduría General de la Nación si cuando se indaga o se quiere saber por algo de carácter local y departamental que esa dependencia maneja casi siempre dicen no tener detalles o no poder entregarlos. Y así podemos seguir con la lista de entidades públicas, como por ejemplo el Fondo Nacional del Ahorro que maneja innumerables créditos de vivienda y educativos, pero a la hora de buscar esa información sobre los resultados en Manizales y Caldas dicen que todo debe gestionarse por Bogotá, además de Medicina Legal.

Entre los privados que están obligados a dar información debería existir una consideración especial de Asobancaria para dar detalles de los movimientos de sus asociados en Caldas. No es fácil tener información de Buencafé Liofilizado, la fábrica de Chinchiná, ni del Centro de Investigaciones del Café (Cenicafé), que ante cualquier pedido que se les haga refieren que ese trámite corresponde ante la Federación Nacional de Cafeteros, pero ojo, no estamos hablando de la información básica que tienen las páginas web.

Y si bien la lista podría recoger otras tantas y muchas entidades no vale la pena recabar en ellas, sólo pedirles a sus responsables que sean más abiertos, que entiendan la labor de los medios de comunicación y que cualquier negativa, con excepción de los casos estrictamente de seguridad, puede interpretarse como una negativa o censura. Ojalá todas las entidades públicas, y hasta el sector privado, fueran además de transparentes, más abiertas a la observación mediática.