El Estado y las instituciones

Desde una perspectiva liberal es claro que lo que haga la señora Natalia con sus apellidos es una decisión de su esfera más íntima. Los móviles del acto no merecen ser objeto de debate en las casillas de opinión. Cada quien escoge oficio, nombre, religión, sexo y pareja según sea su deseo. El derecho a hacerlo comporta para los demás el deber de no intervenir. El despliegue mediático en contra de sus decisiones me resulta inocuo, morboso e innecesario. Además de que me parece de mal gusto ocuparme de las decisiones propias del ámbito liberal de cada sujeto, lo que encuentro increíble es que por atender las decisiones de la esfera privada y la veracidad de ciertos estudios se pierda la oportunidad histórica para analizar lo verdaderamente importante: el poder exorbitante del fiscal general de la Nación. 
Un concepto técnico había advertido la innecesaria contratación. Dos conceptos académicos analizaron las primeras entregas y reprobaron tanto las fuentes como las conclusiones. El técnico y los académicos coincidieron en que el informe no contiene información alguna novedosa sobre el conflicto que justifique los honorarios contenidos en el contrato. Un contrato que no sobrepasa dos filtros esenciales en materia de contratación pública: la transparencia y el mérito. Y cercena con creces el principio de la moralidad pública. Un contrato por el que el principal responsable es el mismo fiscal general de la Nación. Un contrato escandaloso, vulgar e inútil en el que el fiscal, de un Estado decente, ha debido ser llevado a juicio o separado del cargo. 
Pero en Colombia no ocurre ni lo uno ni lo otro. No es llevado a juicio porque la reforma constitucional vigente le confiere al fiscal general de la Nación un fuero especial reforzado al que no tiene acceso ni la Procuraduría, así el fiscal tenga la condición de servidor público. No tiene acceso la Contraloría, así el monto del contrato supere los 4 mil millones de pesos públicos, y no tiene acceso el Congreso debido a la modificación del artículo 174 superior. Y tampoco va a renunciar porque en Colombia es normal que un alto funcionario no se posesiona, se atornilla. Montealegre Lynett, en calidad de fiscal general de la Nación, sabe del poder que tiene y se pavonea ante los medios y las demás instituciones públicas. 
Es impresentable que haya una institución en Colombia exenta de control político y jurídico. Así se desvertebra el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad. Toda acción debe traer consecuencias y éstas deben estar ajustadas a derecho con lugar de todas las garantías y los medios de defensa. Por ello, cuando advertimos que no hay elementos de juicio para exigir responsabilidad por la concesión de contratos onerosos e inútiles podemos advertir que existen en Colombia temas de fondo muy importantes por discutir. Más allá del apellido que deba llevar doña Natalia.