Las protestas de los campesinos en el Catatumbo; los paros de algunos sectores del agro a comienzos del año; el gran paro nacional que preparan cafeteros, arroceros, papicultores, cacaoteros, ganaderos y camioneros; el paro convocado por los pequeños mineros; todas estas manifestaciones reflejan las consecuencias de muchos años de abandono del campo por parte del Estado y la falta de una verdadera política de desarrollo rural que trace una ruta y articule el campo y la ciudad para generar bienestar a unos y otros.

Lo que es inaceptable es que en la Seguridad Democrática escribimos que el Estado debía hacer presencia integral en todo el territorio para evitar que se repitiera el control territorial de los delincuentes y terroristas. ¿Qué ha pasado? Que cuando se habla del sector agropecuario se le trata con un criterio asistencialista de puros subsidios y limosnas en lugar de brindar a los campesinos políticas públicas para generar proyectos productivos, desarrollo, empleos y por supuesto seguridad en todo el campo colombiano.

La protesta de los colombianos del campo ante los diferentes problemas que los aquejan se refleja en los paros de hoy. La situación de violencia ha contribuido a perpetuar las condiciones de pobreza, el desplazamiento, la violación a los derechos humanos, la pérdida de vidas humanas y por consiguiente las condiciones de competitividad y producción del campo colombiano son prácticamente nulas.

La ausencia del Estado en tantas partes del territorio no tenía explicación, pero luego de haber llegado a todo el país con la seguridad ¿por qué no hubo continuidad en la presencia del resto del Estado? Educación, infraestructura, política agrícola, todos estos son los ejes de la presencia integral del Estado en todo el territorio. Ha faltado voluntad política para tener como política de Estado el desarrollo rural que mejore la seguridad alimentaria y el potencial productivo y exportador de la agroindustria de Colombia hacia el mercado internacional.

Ahora tenemos la entrada en vigencia de los diversos Tratados de Libre Comercio que afectarán aún más a algunos sectores agropecuarios poco preparados para competir a escala internacional y las noticias episódicas de lecheros, ganaderos, arroceros, avicultura irán volviéndose cada vez más frecuentes en los próximos meses. Al revisar algunas cifras de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) confirmamos la problemática: en el 2012 las importaciones de carne de pollo se incrementaron en un 388%, las de arroz en un 251% y las de leche en un 171%.

Según advirtieron oportunamente Genaro Pérez de Colanta y Analac, el sector lácteo es uno de los más afectados por la competencia internacional. Según la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas, en el 2012 las importaciones de leche en polvo aumentaron aproximadamente 370% con respecto a 2011, lo que de seguro empeorará con los TLC venideros. Cooperativas con tradición en el negocio de los lácteos, como Colanta, empiezan a apostar al negocio de la carne, lo que puede terminar afectando el empleo de un considerable número de familias lecheras.

Las protestas campesinas de los últimos meses, enfrentan al Gobierno a una cruda realidad: su política de "subsidios al que más duro grite" se está quedando sin margen de maniobra, pues ya el Ministro de Hacienda como anticipándose a lo que ve venir con el anunciado paro nacional agrícola, dijo que no hay cómo dar más subsidios a los cafeteros (gremio tan cercano a los afectos del Presidente y del ministro Cárdenas). Urge una política de desarrollo rural que le dé un rumbo al campo colombiano, que haga compatible la existencia de pequeños y de grandes productores, que explote las potencialidades regionales, que implemente medidas transversales e inversión en activos públicos tendientes a incrementar la competitividad y rentabilidad de la producción agropecuaria, que controle las importaciones que vienen en condiciones desleales a robar el mercado nacional. Más allá del populismo local, la competencia internacional exige economías de escala y criterios de asociatividad para lograr la viabilidad del campo colombiano.

Como bien dice ANIF, el costo de los paros es inmenso para el país, como también lo es el descuadernamiento institucional en que de la noche a la mañana nos está llevando a navegar este Gobierno.