La primera decisión que tomará el entrante Congreso Nacional tendrá que ver con la elección de nuevo Contralor General de la República, alto cargo del que dependen unos 4.000 funcionarios.

El procedimiento constitucional tiene que ver con la presentación de una terna compuesta por un candidato de la Corte Constitucional; uno del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema de Justicia.

Quien resulte elegido tendrá un período de cuatro años que, justamente, coincide con el del Presidente de la República. La actual contralora Sandra Morelli Rico no aspira a quedarse en el cargo, pues la Carta prohíbe la reelección para el período inmediato.

La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado y tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y de contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. El ente nació en 1923, en el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina.

Las aspiraciones al alto cargo provienen de diferentes provincias colombianas. En primer término aparece en la puja por la designación Carlos Ardila Ballesteros, expresidente de la Cámara de Representantes, nacido en Santander y exmagistrado del Consejo Electoral. Igualmente han anunciado su aspiración Gilberto Rondón, de Boyacá, también exmagistrado electoral; Iván Darío Gómez Lee, el exauditor que se quiso perpetuar en este cargo, y Camilo Tarquino Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, oriundo del Tolima.

En estos días se ha ventilado también la candidatura del costeño Edgardo Maya Villazón, de Valledupar, exprocurador general de la Nación, quien sería postulado por la Corte Suprema, nominación que apareció, justamente, para socavar la pirámide montada por otros.

La lucha de las regiones es intensa a bordo de las cámaras legislativas.

A nivel regional amerita analizar los niveles de poder de las regiones de los organismos de control que podrán incidir en la designación del nuevo Contralor. Actualmente, el Fiscal General Eduardo Montealegre es oriundo de Ibagué, situación que pone en aprietos la candidatura de su paisano Tarquino Gallego. Igualmente, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, es de Santander, por lo cual se dejaría a un lado la postulación de Ardila Ballesteros. Gilberto Rondón carece de fuerza en el ámbito nacional, por lo cual se cree que no saldrá avante en su propósito, y Gómez Lee no cuenta con la fuerza necesaria en las corporaciones legislativas.

Así las cosas, quedaría en tierra derecha, faltando 4 meses para la elección, la candidatura del costeño Maya Villazón, experimentado exjefe del Ministerio Público, a quien ya se mira en algunos círculos como el más probable sucesor de la señora Sandra Morelli Rico, pues, además, cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Santos, quien dice tener las grandes mayorías en las cámaras legislativas.

El viudo de "La Cacica" Consuelo Araújo, el doctor Edgardo, espera correr en la Contraloría con mejor suerte que su paisano cesarense Aníbal Martínez Zuleta, quien perteneció al manojo de excontralores de la República que fueron a parar a la cárcel por decisión inapelable de la Corte Suprema de Justicia.

La apostilla: En las grandes luchas de poder que hubo en el pasado en el Congreso Nacional por las dignidades parlamentarias y la dirección de los organismos de control, el finado senador Víctor Renán Barco solía sentenciar en su acento greco-caldense: "En pelea de cachacos, el costeño siempre es el ganador".