Debía hacerlo el Congreso

La democracia deliberativa, de la que Jürgen Habermas es uno de sus máximos arquitectos, señala que la razón que debe adoptar una institución pública es aquella que tiene su origen en el foro público. Este foro tiene su asiento natural en el órgano legislativo. A él deben llegar con propuestas, reformas, preguntas, prejuicios, rechazos, reflexiones, mensajes y panfletos el mayor número de agentes y sus voceros.

De todas las posiciones resulta posible identificar la más razonable en la línea de Alexy. La más omnicomprehensiva en la línea de Rawls. De esta manera la razón se vuelve pública. Deja de ser un fortín ideológico particular y se hace de todos porque alcanza niveles de mayor legitimidad. Afirma Habermas que en la medida en que mayor sea el número de agentes que tomen parte en foro público, sin violencia y sin coerción, mayor es el nivel de validez de la actuación política. Los legisladores son representantes del pueblo, por ello no deben actuar de espaldas a él. Debe permitirse caminar juntos en la identificación de las mejores decisiones. Así lo público puede seguir siendo público, de todos. Y no de una clase política, que en atención a la satisfacción de sus intereses, dirige el curso de las decisiones en favor propio. La democracia deliberativa es una forma de control por parte del pueblo sobre sus representantes, y a su vez, es un instrumento de identificación de la razón pública en medio del diálogo.

Si nuestros legisladores prefirieran lo público sobre lo particular propondrían este tipo de ejercicio a la hora de resolver asuntos vitales en la construcción de sociedad y diseño institucional. Si nuestros legisladores permitieran que las decisiones tomadas sean resultado de la inclusión deliberante de los agentes sociales que permiten ofrecer argumentos razonables sobre los cuales asentar el contenido de una ley, le quitarían a la Corte Constitucional el enorme poder que ostenta. Si nuestros legisladores se tomaran en serio el deber legislar en dirección de lo público no tendrían que ver, con desconsuelo o desazón, cómo la Corte Constitucional, no solo les corrige sus fechorías sino que les reemplaza, profiriendo en sentencias lo que el país esperaría encontrar en leyes.

El jueves pasado la Corte Constitucional, en un esfuerzo por recuperar la moralidad pública, promover la actuación deliberante y permitir la identificación de los argumentos más razonables con respecto al matrimonio igualitario hizo lo que ha debido hacer el Congreso hace mucho rato: tomarse en serio las demandas ciudadanas. Escucharles. Tanto a quienes promueven como a quienes resisten. Ha sido deber del Congreso ponerle el pecho al debate en vez de mandar mensajes tibios y mediocres que dejan a la ciudadanía, a la Procuraduría y a los notarios al garete. Expuestos a interpretaciones arbitrarias según el credo del funcionario de turno. El Congreso es el órgano constitucionalmente válido y legítimo para legislar el asunto. Pero la defensa de sus nichos electorales ha hecho que el debate le quede grande y la sociedad sienta que debe tocar puertas diferentes a él.

Esa otra puerta es la Corte Constitucional. Y ésta ha actuado frente al tema de discusión del matrimonio igualitario de la manera correcta. El jueves pasado ha sesionado con interlocutores de todos los espectros ideológicos sobre el tema. Ha tenido una sesión abierta. Ha invitado a los exponentes de una y otra línea para permitir que presenten sus argumentos. Ha hecho, una vez más, lo que le corresponde al Congreso. Permitir el debate de temas espinosos sin miedo y sin reserva. En esta sesión se tuvo ocasión de escuchar argumentos extraordinarios, críticos, técnicos, arriesgados y sesudos. Hubo lugar para denuncias y reflexiones que le permiten a la sociedad tomarse en serio sus problemas.

Lo que hizo la Corte Constitucional es lo que deberían replicar nuestras instituciones públicas a la hora de promover reformas en temas sensibles y complejos como la venta de acciones de entidades públicas, educación, salud, paz, fuero militar, minería a cielo abierto o desarrollo rural. Debates de cara a lo público y sin uso de la violencia. Debates en lo que tenga lugar la técnica y la doxa. Debates en los que puede haber destellos de luz o argumentos de quienes pueden tener mucha vitalidad en la lengua para hacer insultos incendiarios pero en su cabeza, a cambio de cerebro, solo hallemos una enorme crispeta.

*Lo que hizo la Corte Constitucional es lo que deberían replicar nuestras instituciones públicas a la hora de promover reformas en temas sensibles y complejos.