Los que creen que el presidente Santos es peor que el expresidente Uribe, tienen alguna razón. Pero los que piensan que el expresidente Uribe es peor que el presidente Santos, tienen toda la razón.
El país viene descuadernado desde hace muchas décadas, siglos, sin duda. La violencia como una forma de vida, se convirtió en el pan cotidiano de los colombianos. Unos hacen declaraciones de algarabía con esos modelos violentos y corruptos con los que se quiere acabar la corrupción y la violencia. Seguridad Democrática, la llamaban con eufemismo, ahora convertida en Puro Centro Democrático, con artimaña sin par.
Como para no quedarse atrás, a la demencial arremetida violenta del Estado contra los violentos, siguió y está en curso la Prosperidad Democrática. Otro eufemismo mentiroso, con el cual quieren hacernos creer que los últimos 11 años de Colombia son un buen ejemplo de lo que es democracia, lo que es seguridad y lo que es prosperidad.
Pero las cifras muestran todo lo contrario. Lo único que supera los índices de popularidad de los gobernantes, son los índices de corrupción que tiene la gente sobre los gobiernos. Los gobiernos de esos mismos que son tan populares y tan amigos de las encuestas y de los reconocimientos.
El país estaba mal y nos lo entregaron peor. La política, vista como una actividad corruptísima, nos ha causado muchos males y nos ha dejado muy pocos bienes. Seguimos siendo ciudadanos de una Patria que continúa siendo Boba, esa que parece no importarle a muchos, en la que se hacen en los fríos laberintos burocráticos, experimentaciones que nos llevan de vuelta al paleolítico político.
La democracia, entendida como una empresa en la que se enriquecen muy poquitos a expensas de la pobreza de muchos, con el respaldo de una Seguridad, que no ha sido segura, esa que trasladó buena parte de la violencia del campo, a las ciudades, hoy más inseguras que nunca.
Disminuyeron los secuestros, pero se disparó la violencia en los municipios, esa violencia urbana que alcanza niveles que nadie había podido imaginar. Sumamos el desplazamiento forzado de millones de colombianos; los miles de desaparecidos que se eternizan en los carteles que elevan madres desconsoladas. El indecente derroche oficial; la inmoralidad y deshonestidad apabullante de muchos funcionarios públicos, que hacen quedar mal a la mayoría, que hay que decirlo, son decentes y pulcros.
Los falsos positivos y los verdaderos negativos, asesinatos selectivos, que se ejecutaron con fría y calculada saña en gobiernos que posan de pulcros y de honestos, cuando no lo fueron.
Si a esta muestra pequeñísima de la verdadera debacle de todos los valores, de pérdida de todos los límites, añadimos las no menos grotescas defraudaciones al Estado en la Dirección Nacional de Estupefacientes, el carrusel de la contratación en Bogotá, los escandalosos fraudes en la DIAN; los escándalos de la Fiscalía General de la Nación; los no menos ruidosos escándalos de la Procuraduría; los entramados deshonestos y corruptos del Grupo Nule; la corrupción promovida por los narcos y su negocio de narcotráfico, hoy más impune que nunca con la extradición, que cambió por completo eso de que "preferían una tumba en Colombia a una cárcel en USA", porque allá negocian las penas como en las ferias de baratijas, devolviendo poco, pagando menos, purgando casi nada y quedando en el anonimato con rostros cambiados y nombres trocados como residentes aceptados por el tío Sam. Los inaceptables escándalos del Inpec; los descarados permisos a delincuentes para que asistan a las primeras comuniones de sus hijos, cuando, si querían participar de ellas, debieron llevar a sus hijos para que las hicieran en las capillas de las cárceles, donde sus padres están presos por ratas.
Los escándalos sin fin que se destapan a diario sobre los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe; los no menos grotescos de sus hijos con las zonas francas y los paraísos fiscales. La inadmisible politización kukusclanesca del procurador Alejandro Ordóñez, con ese carrusel de puestos a la disposición de los que tienen poder en las Altas Cortes y en el nido de raposas en que se convirtió el Congreso de la República, cuando se supone, tiene el poder preferencial para investigarlos y sancionarlos, cuando sea conveniente y necesario. La inaceptable corrupción destapada en el Casanare. Los desfalcos criminales a la salud, con las ARP y las EPS, con las que se han desviado billones de pesos que son de los ciudadanos. El corruptísimo estatuto anticorrupción. Los incalculables fraudes cometidos en Agro Ingreso Seguro. Los no menos vergonzosos escándalos de la Contraloría de Bogotá. Los de Fondelibertad. Los actos de corrupción de Samuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá. Los desenfrenos de la Cámara de Representantes.
¡Estábamos mal y vamos a estar peor!
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