Unos admiran la constitución de 1886 que centralizó el poder en Colombia. Otros dicen que la de 1991 fue la constitución más avanzada de América. Pero pocos recuerdan la de 1863 que creó los Estados Unidos de Colombia. Esa es la que me gusta y hacia allá debe ir Colombia, hacia un país federal.

Claro en Bogotá los tecnócratas se horrorizan. Que la corrupción y las mafias regionales se apoderarían de todo. Me pregunto, ¿y hoy no? Que la institucionalidad es muy débil. ¿Hasta cuándo para fortalecerla? Hay una mirada despectiva de esa tecnocracia y esa burocracia del gobierno central hacia lo local y lo regional. Es una de las razones por las cuales no se desarrollan.

¿Qué es un país federal? Uno en que los departamentos tienen gran autonomía en la mayoría de los temas sociales, políticos y económicos de su región. Tienen autonomía presupuestal, tienen sus propias leyes, tienen sus propios impuestos y deciden su futuro de manera directa sin tanta intervención del gobierno nacional.

Claro que una Colombia federal debe ser un punto de llegada con un proceso de transición muy detallado. Pero hoy se podría comenzar. Por lo menos cuatro competencias y recursos deben ser ya trasladadas a los departamentos: salud, educación, agua potable y medio ambiente.

Cada departamento, o las ciudades a las que se le otorguen esas competencias, puede decidir como entregar esos servicios. Unos decidirán como servicios públicos estatales. Otros en concesión a privados. En fin, el gobernante elegido lo determina en una franca lucha democrática y de eficiencia que los electores aprobarán o desaprobarán.

Unas regiones avanzarán más rápido que otras. Pero el elector no es bobo y se preguntará porque en comparación su departamento la calidad del servicio es tan precario. Esto llevaría a más responsabilidad política directa, a menos excusas sobre el gobierno central y a la larga una democracia mucho más dinámica en lo local y lo regional.

Lo cierto es que lo que sucede con Santa Marta y los hoteles en el Tayrona es uno de los ejemplos de lo que no debe pasar. Unos pocos funcionarios públicos a mil kilómetros de distancia, entre ellos el Presidente, se asustan con un titular de un medio y sin consultar a los afectados, el 58 % del territorio de esa ciudad está en el parque, les cierran la posibilidad de desarrollo sostenible en ecoturismo en uno de los lugares más propicios para ello. Ni una llamadita al alcalde. Un portazo imperial desde la Casa de Nariño. No, el virrey asustadizo no miró el ejemplo de Kenia (el Masai mara) o de Tanzania (el Serengueti). O el de Estados Unidos (Yellowstone) o el de Costa Rica cuyo ejemplo que deberíamos seguir.

Claro esas competencias que se entregan a los departamentos deben desaparecer de un Gobierno central que queda con unas pocas funciones que debe ejercer bien. Obvio, la seguridad, la justicia, las relaciones internacionales, la hacienda, la planeación y el control son las principales. Pero este desmonte de las competencias y la burocracia nacional debe ir acompañado de una eficaz capacidad de vigilancia, evaluación e intervención del nivel central en caso de malgasto, corrupción e ineficiencia.

En esos 23 años entre las dos constituciones de la segunda parte del siglo XIX se desató un desarrollo en algunas regiones que nunca más se volvió a ver. La seguridad, que no estaba consolidada, dio al traste con esa experiencia política maravillosa. Desde entonces, Bogotá ha truncado la vitalidad de este país de regiones cuya geografía va por un lado y su arquitectura politico-administrativa va por otro.

Lo de Santa Marta y el Tayrona es apenas un ejemplo del centralismo asfixiante que mata a Colombia. Es hora de liberar las regiones para que compitan, crezcan y cambien este país de abajo hacia arriba y no al revés como están convencidas las élites de este país. Manos a la obra. El 2014 es el comienzo.