El lamentable desalojo de la Fuerza Pública en Toribío es un funesto precedente para el país. Pero la humillación a la que sometieron al sargento del Ejército, Rodrigo García, peor aún. Eso no se puede dejar pasar. A las Fuerzas Armadas se les respeta. Y eso es un deber de toda la sociedad.

Uno de los puntos que no se ha entendido de estos indígenas, y todos los indígenas, así no parezca para muchos, también son parte de nuestra sociedad con todos los derechos y todos los deberes. Y cuando ellos agreden a las Fuerzas Armadas, es la sociedad colombiana quien lo hace, no un cuerpo ajeno.

Ahora bien, la catastrófica realidad del Cauca, así como de otras zonas del país, no es nueva. Lo diferente es el interés de la opinión pública en ello y la crisis que el mal manejo del Estado, en la situación, ha generado.

Históricamente, el de Caldas es un ambiente endémico que demanda, de una vez por todas, una respuesta contundente y ajustada a las necesidades de ese sector de la población.

Que el Estado no haya sido capaz de solucionar el problema que originó la rabia de los indígenas y que creó la sensación para ellos que es mejor estar sin la protección del Ejército, es un mensaje que no se puede dejar pasar. Ni siquiera por la manera errada en que esta población ha expresado su mensaje.

Los indígenas se han equivocado. Sin duda. La manera es el diálogo, pero nunca los chantajes, los sometimientos y menos las humillaciones. Esa no es la forma, ni ese el modo de expresar su frustración. Pero ese error no puede eclipsar el vacío que el Estado ha generado continuamente en la región.

El detrimento de la institucionalidad en el Cauca a lo largo de los años es la causa principal de que todo esto pase. La guerrilla encontró allí un nicho para extender su artillería, en una preocupante simbiosis con las fibras del narcotráfico, haciendo de los indígenas unas víctimas de este entorno.

No más, querían decir los indígenas. No más escuelas destruidas y hospitales bombardeados. No más víctimas por el fuego cruzado entre el Ejército y la guerrilla. No más asesinatos. No más chantajes y amenazas a punta del fusil. No más.

Y en eso tienen razón.

Pero su llamado fue desvirtuado y pasó a un segundo plano, ya que adoptaron similares métodos que sus victimarios.

Los indígenas tienen la razón en lo que están planteando, pero también tiene la razón el presidente Juan Manuel Santos cuando dice que el Ejército no puede abandonar el territorio. Y más aún, en no permitir el chantaje de esta comunidad y el abuso en contra del Ejército.

No se puede demostrar debilidad ante los indígenas. El gobierno no puede aceptar el pedido de retiro de sus fuerzas, ya que, más temprano que tarde, el retiro de la Fuerza Pública llevaría a un mayor control de la guerrilla en esa región.

Hay que ser claros en que la Fuerza Publica no se puede arrinconar, ya que nada aprovecha más la guerrilla que un rompimiento entre las comunidades y el gobierno.

Pero una vez superada esta situación, hay que demostrar, con hechos concretos y duraderos, que el Estado sí puede proteger de los criminales a las comunidades y a su población, para no estar en la misma situación, o en una peor, en un par de meses.

En la crisis actual, todos se equivocaron. El presidente Santos por mostrarse débil ante la situación, los indígenas por mostrarse agresivos, y el Estado, en general, por no haberlos protegidos antes.

Y ante la indignante agresión contra el Ejército, de quien venga, hay que rodear a la Fuerza Pública y demandar del gobierno el liderazgo para que estos hechos no se propaguen a otras zonas del país.

La situación se soluciona recuperando la soberanía. Y para eso hay que sacar a la guerrilla de la zona, y con eso los intereses de los indígenas y el gobierno coincidirán.