No puede ser más razonable y acertada la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, cuando expresa que los recursos del erario, es decir la plata que maneja el Estado y que suministramos todos los contribuyentes, no puede dirigirse al salvamento de las EPS particulares, ni puede el Gobierno programar masivas donaciones de dineros públicos a favor de ellas.

Esta importante intervención de la doctora Morelli, quien conoce muy bien las reglas aplicables a la gestión fiscal y al destino que deben tener los recursos estatales, es además muy oportuna si se tiene en cuenta que el Presidente de la República, en vez de pensar en que desde el Ministerio de Salud se programe una verdadera reestructuración del sistema -hoy en espantosa crisis- (que debería implicar a la larga la plena sustitución de la Ley 100 de 1993), ha anunciado proyectos en virtud de los cuales se intentará el rescate de las entidades privadas que intermedian en el campo de la salud acudiendo al erario.

La propuesta oficial se asemeja mucho al mecanismo que, mediante decreto legislativo de emergencia económica, quiso usar un Gobierno anterior para que, por Fogafín, se trasladaran recursos públicos a los bancos con miras a su salvamento, según esquema rechazado oportunamente por fallo de la Corte Constitucional.

El artículo 355 de la Constitución establece de manera perentoria: "Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de Derecho Privado".

El Consejo de Estado, en fallo reciente, ha sostenido exactamente la misma tesis, y ha dicho además algo muy importante: que los recursos del sistema de seguridad social en salud pertenecen al sistema y no a los entes que por disposición legal los administran.

La misma corporación ha condenado claramente el desvío de recursos parafiscales a fines diferentes de los asignados por la Constitución y por la ley, desvío constatado en varios casos, en particular en el de Saludcoop, que según el Consejo de Estado "comprometió recursos de salud en actividades de crédito sin contar con la planeación de tesorería".

En suma, despilfarraron los recursos violando la ley, y ahora el Gobierno les quiere entregar dineros públicos.

Lo expuesto por la Contralora tiene sólido fundamento jurídico, especialmente desde el punto de vista constitucional, pues justamente la Carta de 1991 consagró varias disposiciones -entre ellas la enunciada- con el objeto de preservar el patrimonio público y de evitar las detestables prácticas que implicaban desvío de los recursos estatales para beneficio de personas e instituciones privadas. La Constitución buscó en esta materia una total separación entre los intereses públicos y los particulares.

Por eso, todos esperamos que el Gobierno entienda y atienda tales observaciones, de modo que no haga equivocar una vez más al Congreso aprobando leyes que en esta materia serían totalmente inconstitucionales.