La presentación del Presupuesto General de la Nación seguramente irá acompañada de una reforma fiscal, pues aún faltan más de $12 billones de pesos para financiar el plan presentado por el Gobierno. Incluso, si se perpetúan impuestos antitécnicos como el 4x1000 seguiría existiendo un faltante de alrededor de $5 billones. Esta nueva reforma, que con una diferencia de tiempo reducida a la pasada, debe despertar en el país un debate sobre qué clase de Estado queremos y la necesidad de presentar programas de fondo, para eliminar las reformas exprés que generan incertidumbre en la economía por el rápido cambio en las reglas de juego. A continuación expondré algunas de las consideraciones que creo se deberían tener en cuenta para una próxima reforma fiscal.

Comenzaré por anunciar algunos errores que considero que se deberían evadir. La venta de activos del Gobierno se asoma por la ventana, se han hecho grandes esfuerzos por vender Isagén y se rumora una capitalización en Ecopetrol. Estas ventas son positivas cuando estos activos son sustituidos por otros, ojalá más rentables, pero estas subastas no lograrán financiar un Estado más grande, ya que no suponen ingresos permanentes para aumentar el gasto progresivamente. También, hay que definir el tamaño de Estado que queremos, ya que no se pueden hacer reformas fiscales cada dos años, esto genera incertidumbre en los contratos y puede desincentivar la inversión.

Otro de los errores en los que se puede incurrir es tributar más simplemente porque los Estados de la OCDE recaudan más impuestos, como porcentaje del PIB, que Colombia. Hay que definir un rumbo y tener claro para qué se necesitan los recursos extra. Además, naciones desarrolladas como Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, entre otras, tenían ingresos tributarios cercanos al 10% del PIB durante la primera mitad del siglo pasado, cifra inferior al 14,5% de Colombia. Esto se debe a que el crecimiento generalmente es jalonado por el mercado, ya que es el sector más innovador, dinámico y el que más valor agregado genera. Los impuestos aumentan los costos de producción y le restan ventajas competitivas a las empresas locales. Es así como grandes empresas, como Burger King, han migrado a otros países donde tributan menos, reduciendo los ingresos fiscales de su nación de origen.

Una propuesta sensata sería buscar cómo optimizar el gasto, pues preocupa el continuo aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento del Estado. Se prevé que éste aumente en 6,4% y el gasto de personal, uno de sus componentes, crecería en 7,4%. Una burocracia estatal más grande dificulta la optimización de los procesos y disminuye la competitividad. Además, no existe una relación positiva entre el crecimiento del tamaño del Estado y el crecimiento económico.

Existen varias maneras de disminuir el gasto del Estado. La más evidente es disminuir su nómina. Hoy en día, muchos procesos se pueden sistematizar, una nómina grande es una traba a los beneficios en competitividad que nos brindan las nuevas tecnologías. Otra forma son las concesiones, las cuales ponen en manos de privados lo que antes era un gasto fiscal. Estas concesiones han presentado resultados positivos en varios sectores como el de servicios, donde la cobertura y calidad han aumentado. También en educación, en Bogotá, por ejemplo, la inversión del Distrito por estudiante es de $3,7 millones, mientras que en un colegio en concesión es de $1,9 millones, adicionalmente, los estudiantes de los colegios concesionados han presentado mejores resultados en pruebas estandarizadas. También se podrían disminuir subsidios. Los subsidios generan dependencia yendo en detrimento de su objetivo. Actualmente, los subsidios a ciertos sectores han crecido vertiginosamente.

También se podría aumentar el recaudo sin subir los impuestos. Esto se logra combatiendo la corrupción y el contrabando, reduciendo los parafiscales para aumentar la formalización y simplificando impuestos para que las empresas no se confundan pagándolos.

Tener un Estado más pequeño es lo ideal, les genera ahorro a las personas y empresas por la vía tributaria y al Gobierno por el menor gasto.