"El exalcalde Samuel Moreno repartía entidades políticamente y por ello decidió darle el manejo de la Unidad de Mantenimiento Vial al Partido de la U". (Declaración de Julio Gómez a la Fiscalía dentro del proceso por el carrusel de la contratación en Bogotá -El Espectador, Agosto 1 de 2014).

Lo que pasó luego: el gran escándalo, la suspensión de obras vitales para el desarrollo de Bogotá, la captura de muchos implicados y la misma elección de Petro, no fue más que la consecuencia natural de lo que ha sido tradicional en Colombia durante muchos años: la captura de la administración pública por la política en sus peores manifestaciones: el clientelismo y la corrupción.

Acemoglu y Robinson en un libro de reciente publicación, "Por qué fracasan los países", esbozan con fuertes fundamentos empíricos la hipótesis de que las instituciones políticas son variables fundamentales para explicar la evolución de las sociedades y demuestran que en muy buena parte los problemas de ineficiencia del Estado que se manifiestan en pobreza, inequidad, violencia y exclusión, son asuntos de la política.

Repartir cargos públicos, no como representación democrática de un sector de opinión sino como botín, es una institución política no formal que le ha hecho enormes daños a la Administración Pública.

Repartir entidades políticamente no puede generar otras consecuencias que despidos masivos injustificados de funcionarios en su mayoría eficientes, toma de decisiones parcializadas a favor de ciertos proveedores y contratistas amigos, deterioro del clima organizacional, desmedro de la capacidad operativa de las instituciones y negación de la razón de ser de las funciones de la administración pública, es decir, atropello a la más mínima ortodoxia de la gerencia gubernamental y la gestión de los intereses colectivos.

Y como botín se ha repartido la más importante empresa del Departamento de Caldas después de la confrontación entre el Gobernador y un grupo de diputados.

Como diría Fouché, lo que se cometió es peor que un crimen, es un error. Un error que están cometiendo con los ojos abiertos pues bien claro tenemos todo, los antecedentes y causas de la crisis de la Licorera de Caldas hoy.

No se requiere sino sentido común para entender que una empresa industrial y comercial del Estado como la Licorera, no debe ni puede ser funcional a intereses de la política electoral. La historia es bien conocida: organizaciones empresariales públicas que funcionan como coto de caza de intereses proselitistas que no consultan las lógicas de los mercados económicos y que tributan en últimas solo a los directorios y no a los presupuestos del Estado, con el natural deterioro de sus finanzas y la inevitable pérdida de gobernanza de las administraciones por carencia de recursos fiscales que den respuestas a las demandas de la comunidad.

Ojalá no estemos llegando a un punto de no retorno en el proceso de marchitamiento definitivo de una de nuestras empresas departamentales más emblemáticas. Si esto es así, no les echemos la culpa a los sindicatos, a los distribuidores, a los trabajadores, al mercado, no: tendrán que asumir la responsabilidad de un eventual descalabro, aquellos que no entendieron que superar naturales contradicciones en las relaciones entre la Asamblea y la Administración Departamental de Caldas, no tenía que pasar por transar sin pudor el futuro de Caldas por una gobernabilidad ilegítima, episódica, muy costosa y por lo tanto, inútil.