Desafíos para la transición de poder regional

Comenzó el 2016! Luego de los brindis y festejos que acompañaron la despedida del 2015, viene la bienvenida a lo que nos depara el nuevo año. El 1º de enero, trajo para todos los territorios del país, nuevos mandatarios locales. Por eso, hacemos un llamado para que el primer paso que se de en el 2016, este guiado por los intereses de los colombianos, y por un empalme exitoso entre administraciones entrantes y salientes, libre de egos y de enemistades, obras inconclusas y en general de polémicas que debilitan nuestras instituciones, afectando directamente a los colombianos y su sistema democrático. 
La campaña electoral del 2015 se caracterizó por una gran controversia alrededor del otorgamiento de avales dentro de los partidos políticos. Este proceso, que pretendía crear mecanismos para garantizar la transparencia en la elección de los candidatos, tuvo un efecto contrario: Si una persona no recibía un aval en un partido, acudía a otro que sí se lo daba; dos directores de partidos renunciaron por no estar de acuerdo con el manejo de los avales, y en algunas regiones del país, las contiendas electorales estuvieron empañadas por el origen de la financiación de sus campañas o los antecedentes penales del candidato. 
Este escenario, obliga la presencia de veedurías ciudadanas desde los primeros días del 2016, con el fin de garantizar una efectiva transición de poder entre mandatarios locales y departamentales, asegurar la correcta administración de recursos territoriales y garantizar la participación social para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos y funciones de las entidades públicas. No podemos permitir, la continuación de obras inconclusas que para el día de hoy suman 83 entre acueductos, centros educativos, complejos deportivos, hospitales, infraestructura vial, casas de justicia, plazas de mercado y comandos de policía y ascienden en su totalidad a 1.3 billones de pesos en todo el país, tampoco la malversación de recursos o el desconocimiento de obligaciones impuestas a los entes territoriales.
El control de la transparencia en la gestión pública de los gobiernos regionales o locales, es el mecanismo más idóneo para fiscalizar la gestión administrativa de los bienes y recursos públicos. Por eso, desde el Congreso de la República, estaremos muy atentos a denunciar procesos de empalme inconclusos, uso indebido de bienes, o irregularidades y actos de corrupción que comprometan a funcionarios públicos. El 2016 apenas está empezando, que sea un nuevo año de cambio y de transparencia.