Debo aclarar que no intento asumir en estas líneas la defensa de María Fernanda Cabal -mi esposa- pero lo que sí pretendo defender con vehemencia, esperando no ser encausado por ello, es el derecho a la libre expresión, a la libertad de las ideas, porque cuando empezamos a ponerle cortapisas, ya conocemos en el vecindario a donde llevan esos caminos. López está incomunicado en una cárcel chavista, no por lo que haya hecho o dejado de hacer, sino por lo que dijo, o mejor, por lo que otros hicieron por lo que él dijo. Con esa lógica judicial perversa, para que nunca pase nada, es mejor nunca decir nada.

Algo así no habría sucedido hace algunos años, cuando la información y las opiniones eran dominio exclusivo de los medios, que hoy han tenido que entregar esa dictadura a la democratización de las redes sociales. Si yo denunciara a los funcionarios, periodistas, columnistas y terceros que, por twitter y en los medios, me tildan de paramilitar, guerrerista y enemigo de la paz, la justicia estaría muy ocupada.

Por ello lo que también rechazo es la intención detrás de semejante polvareda. La parlamentaria del Centro Democrático, movida por su legítimo desacuerdo con unas negociaciones que no solo a ella no convencen, sino a millones de colombianos -siete para ser más exactos-, se limitó a hacer unas preguntas válidas y, al margen de si el personaje era o no un guerrillero, a juzgar por las reacciones, abrió otra puerta a quienes buscan deslegitimar, estigmatizar -ellos sí- a todo el que se oponga a esa universalización de las víctimas que solo busca hacer invisibles a las de las Farc.

Me quedan muchas preguntas: ¿Por qué la denuncia? ¿Por qué tan rápida y agresiva condena de los medios, el Gobierno, el jefe negociador, la Fiscalía y hasta las Farc, hacia quien, paradójicamente, no ha hecho sino defender a las víctimas? ¿Qué autoridad tiene Márquez para acusar de odios y sentimientos guerreristas? ¿Qué desvergüenza le permite acusar a un trino de sabotear el proceso? ¿Acaso no son los tiros y los bombazos de las Farc los verdaderos saboteadores? ¿Cuáles fueron los criterios de escogencia de las víctimas? ¿Por qué las de las Farc son minoría frente a las de otros victimarios? Ese no es un asunto apenas aritmético ¿Acaso el Gobierno no sospecha que la ‘comisión histórica’ busca concluir que la clase política y la sociedad, desde hace 60 años, son los responsables de la violencia? ¿Acaso no adivina -blanco es…, gallina lo pone- que las Farc buscan con ello legitimar su lucha con total impunidad?

Es también inquietante la situación de los congresistas frente al derecho a la libre opinión, que adquiere en este caso relevancia, pues no en vano representan ellos la Voz del Pueblo, como está tallado en piedra en el recinto del Senado. ¿Acaso existe en Colombia delito de opinión? ¿Dónde quedan la autonomía del Congreso y el equilibrio de poderes? ¿Hasta dónde se está judicializando la política? ¿Cómo hizo la Fiscalía para individualizar la responsabilidad, ¡en solo un día!, frente a una denuncia indeterminada? ¿Cómo compulsa copias a la Corte Suprema sin investigación alguna? ¿Es acaso la misma Fiscalía que lleva décadas sin aclarar los asesinatos de Galán y Gómez Hurtado, y se resiste a declarar este último de lesa humanidad? ¿Por qué tanta premura? ¿A lo que estamos asistiendo acaso es a la politización de la justicia?

Menos retórica y más respuestas. Más trinos en libertad y menos tiros como amenaza extorsiva. Eso es lo que espera el país.