Ronald fue asesinado el sábado 26 de abril en La Hormiga, Putumayo, por guerrilleros de las Farc camuflados entre la población civil. Un joven de 13 años, de quien las notas de prensa no mencionan el nombre siquiera, recibió un tiro en la cabeza y lucha por su vida.

Al día siguiente, Luis Alberto, Cristian y Óscar, otros tres jóvenes que no son hijos de padres que, por su alcurnia, hagan estallar un proceso de paz, sino soldados profesionales de humilde cuna, murieron en un campo minado en zona rural de Morales, Bolívar, donde, según la prensa, hay presencia de guerrilleros del Eln y de las Farc. Esa misma noche, en Ituango, Antioquia, un campesino de nombre Arbey, fue sacado de una ambulancia y asesinado a puñaladas por hombres que se identificaron como miembros de las Farc.

Después de ese fin de semana, en que se sumaron seis víctimas más de la guerrilla, los victimarios salieron a insistir, sin vergüenza alguna, en que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel y a exigir la creación de una comisión de esclarecimiento histórico del conflicto, que lo único que busca es la exculpación de sus propios crímenes, es decir, del asesinato reciente de Ronald, de Arbey, de un menor anónimo y de todas las víctimas que se suman a diario, con el argumento peregrino de que toda la sociedad es igualmente culpable desde la época de la violencia política del siglo pasado. Una vez más, Andrés París echa mano del tono arrogante y extorsivo que ha dominado toda la negociación, para amenazar con que "si no hay avances en esta comisión ahí paran los diálogos", una amenaza para los colombianos, que sentirán el desquite de más violencia; y una amenaza para el Gobierno, porque si se paran los diálogos se va a pique la esperanza reeleccionista.

Pero como la paz dejó de ser un anhelo superior de los colombianos para convertirse en eso, en bandera reeleccionista, todo el aparato de campaña y sus adherentes se viene acomodando a semejante amenaza extorsiva. En un foro de el diario El Tiempo, en el que brillaron por su ausencia las víctimas de las Farc, intervinieron en cambio algunas que, sin contemplaciones, pedían penas ejemplares para sus victimarios -paramilitares y agentes del Estado principalmente-, mientras el Fiscal hablaba de cambiar cárcel por "trabajo social" -léase impunidad- para los cabecillas de las Farc. Parecía que se estuviera hablando de dos conflictos diferentes. Había dos clases de víctimas: de primera y de segunda, víctimas presentes y víctimas ausentes; y se hablaba también de dos tipos de victimarios: aquellos sobre los que debe caer todo el peso de la justicia, y otros a los que, por el contrario, hay que perdonar a como dé lugar, como precio por la paz, que así llaman ahora a la amenaza extorsiva de no seguir matando Ronalds, Arbeys o menores anónimos.

El ministro Alfonso Gómez Méndez, por su parte, temeroso de fracasar nuevamente en una reforma a la justicia que se debe hacer en el Congreso de la República, hizo la propuesta de una Reforma Constitucional como el mecanismo idóneo para lograrlo, propuesta que saludaron con entusiasmo las Farc, porque les lanzó el salvavidas de abrirle espacio al mecanismo de reforma constitucional para validar y redondear a su acomodo los acuerdos con el Gobierno.

Y el colofón, o como dirían las señoras, la tapa de la olla: el senador Benedetti, el respetuoso, el censor, el dechado de prudencia y sindéresis, el pacifista por excelencia, recomienda fusilar a todos los enemigos de esa falsa paz. Más de medio país al paredón. Esa es la paz de los amigos de la paz.