En Colombia seis millones de personas, el 12.5% de la población, es víctima del conflicto y sujeto de atención por parte del Estado. La Ley 1448 de 2011 encomendó a la Unidad para las Víctimas, que dirijo desde su creación, coordinar todo un Sistema Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y, desde entonces, alcaldías, gobernaciones, ministerios, agencias y departamentos administrativos, entre otros, desarrollamos un trabajo articulado que ha permitido avances sustanciosos en el goce efectivo de los derechos de las víctimas, como expuse ante la Corte Constitucional en semanas anteriores, pero también la identificación de desafíos a los que hemos buscado soluciones creativas y duraderas. 
Los resultados de la política deben verse y medirse en el territorio y para ello se requiere del compromiso permanente de los mandatarios locales. Para evaluar esta labor, la Ley estableció las certificaciones territoriales, con una batería de indicadores que nos permiten conocer el cumplimiento de departamentos, distritos y municipios con respecto de sus competencias en prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral. Al medir qué tanto han contribuido las entidades territoriales, el gobierno nacional tiene la posibilidad de apoyar en los ajustes necesarios o profundizar en los aspectos con mayor progreso. 
Este martes, entregamos las certificaciones territoriales a las alcaldías que tuvieron un buen desempeño, en un evento donde estaban alcaldes y gobernadores, representantes de los organismos de control, de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y de la cooperación internacional. El resultado de la certificación para 2014 nos permite sacar varias conclusiones en términos absolutos y relativos, al compararlo con el año anterior. 
Para empezar, se observa un mayor compromiso de las alcaldías en los 216 municipios que albergan el 80% de las víctimas: el 69% de estas corporaciones obtuvieron una calificación media, alta o sobresaliente en su trabajo por garantizar los derechos de las víctimas. Hemos logrado acompañar a estas alcaldías que han adelantado programas y estrategias para la atención y reparación de las víctimas, acciones que constituyen pasos contundentes en la construcción de la paz. 
De 1.133 entidades evaluadas, vemos que aquellas con calificación alta crecieron un 6% entre 2013 y 2014; y las de calificación baja disminuyeron un 12%. Además, 43 entidades obtuvieron sobresaliente (3,8%) en 2014, al mostrar su desempeño en la planeación, la ejecución presupuestal, el apoyo a la participación de las víctimas y otras acciones como las alianzas con el sector privado, por ejemplo. Aquí, se destacan las gobernaciones de Antioquia, Meta y Huila y los municipios de Sitio Nuevo, Tibú, Suaza, Barrancabermeja, Algarrobo, El Peñón y Santa Rosa del Sur. 
En este tiempo, hemos aprendido que las dinámicas territoriales son diferentes, que la realidad de las personas a atender varía de acuerdo a los municipios, por eso la política debe ser flexible a estas realidades para lograr que los procesos sean sostenibles. Y así lo estamos haciendo con la reparación a los principales afectados por el conflicto armado. 
Aunque persisten retos en la implementación de la política para víctimas en los territorios, se han desarrollado programas y estrategias exitosas, reconocidas por los órganos de control. Esas lecciones aprendidas y buenas prácticas son el capital más valioso que dejan las actuales administraciones a los nuevos mandatarios. 
La Ley de Víctimas iniciará en el 2016 su quinto año de implementación, así que los futuros alcaldes y gobernadores deberán afrontar el desafío de implementar el “segundo período” de esta norma única en la historia colombiana. Ellos serán en gran medida responsables de su éxito final y, en consecuencia, protagonistas de un pilar fundamental de la reconciliación. Estamos convencidos de que reparar a las víctimas es construir paz y que el desarrollo de procesos serios de reparación es crucial, sobre todo, en los territorios que fueron más azotados por la violencia del conflicto. 
En este camino, se hace preciso reconocer la ardua labor que han desarrollado las entidades territoriales, además de alentarlas a no retroceder en lo logrado y a seguir avanzando allí donde sea necesario. El compromiso de todos con la reparación integral de las víctimas, sin duda, nos acerca a un país mejor.