Ya mucho, por no decir demasiado, se ha hablado y planteado, especialmente en este diario, sobre las posibles salidas a la gravísima crisis que enfrenta la Industria Licorera de Caldas, empresa pública departamental que de arrojar ganancias de 80 mil millones, 40 mil millones y 25 mil millones de pesos hace 12 años, una década y quizás hasta hace un lustro, pasó en el 2013 a dejar pérdidas del orden de los 4 mil millones de pesos.

No se necesitan expertos para certificar que todo esto que ha pasado es culpa de los gobernantes de turno, de sus gerentes (en gran medida), de las juntas directivas y de los diputados de cada momento (ellos saben quiénes) que pensando más en los intereses políticos y en cómo sacar beneficios económicos y burocráticos se ampararon, unos y otros, bajo ese paraguas, sin detenerse a mirar los descendentes recursos, la excesiva nómina y la imperiosa necesidad de reestructurar la empresa que iba camino al abismo.

Sin embargo, frente a lo que pasa, sorprenden la pasividad y el silencio con el que se mueven empleados y trabajadores agrupados o no en alguno de los tres sindicatos, pues solo se limitan a reaccionar ante la propuesta de reestructuración, sin mencionar dar aportes frente a esa iniciativa y sin manifestar hasta dónde están dispuestos a sacrificar parte de sus ‘derechos adquiridos’ con tal de evitar que la empresa se cierre o se liquide.

Resulta fácil, y además irresponsable, indicar, como lo dijo el viernes en Noticias LPTV el senador Arturo Yepes Alzate, que la Licorera comenzó a retroceder cuando del manejo gerencial de la misma sacaron a los políticos, y mencionó a Juan Martín Hoyos Villegas como el mejor de los últimos años. Sustenta esto el electo representante a la Cámara pues una vez salió el hijo de doña Pilar Villegas comenzaron a caer las ganancias de la empresa, que fue cuando Manuel Alberto Soto llegó con la bendición del gobernador Emilio Echeverri, quien le dio vía libre a soñadoras propuestas que dicho gerente jamás cumplió. ¿Y qué pasó con los directivos y la Asamblea Departamental de entonces que dejaron que este hiciera lo que quiso?

Pero la más absurda respuesta del referido senador conservador estuvo cuando se le insistió en que si no fue acaso Carlos Arturo Fehó, prófugo de la justicia, el puntillero de la ILC, nombrado allí por Mario Aristizábal, gobernador al que respaldó la entonces coalición yepobarquista, frente a lo cual dejo entrever que Fehó no era político y que llegó con la intención de entregársela a empresarios privados, además de dar multimillonarios contratos de publicidad sobre los que reclamaba un alto porcentaje. ¿Cuántos fueron y a quiénes cobró?

La Licorera es un paciente agónico, pero si se trata de matarla pues que le nombren un político que llegue a poner fichas clave sin reestructurar la empresa que es lo que está ratificado se necesita con urgencia. Los diagnósticos ya están hechos, algunos desde mucho antes, y el más sólido el que deja el saliente Bruno Seidel quien se va pues no aguantó la presión de quienes de verdad han exprimido y se lucraban a manos llenas de la devastada destilería.

Me identifico plenamente con el editorial de este diario del pasado jueves (http://www.lapatria.com/editorial/timonazo-la-licorera). No se requieren muchos dedos de frente para saber que aquí el único asunto que necesita manejo político, además del administrativo, es aprobar la reestructuración integral de la empresa para adelgazarla en nómina y en costos de producción, si de lo que se trata es evitar que llegue un socio estratégico, que no obstante parece la más cercana posibilidad.

Allá pasan cosas internas muy serias. No hay sentido de pertenencia, hay quienes señalan que muchos funcionarios en poco tiempo han terminado con lujosas propiedades y vehículos que no tenían cuando llegaron, se han hecho obras costosísimas que ninguna autoridad supervisó en cuanto a su valor, se sacan panfletos en el que se acusan unos y otros, y están identificados negocios muy onerosos, pero nadie hace nada.

Deberían los sindicatos, que tan altruistamente se conformaron para la defensa de sus afiliados, sacar las cartas que tienen debajo la mesa y plantear salidas posibles y realizables en cuanto a la necesidad o no de liquidar personal y de qué negocios son viables o inviables financiera y operativamente hablando, eso antes de que se tome una decisión que no dé capacidad de maniobra.

Aquí no es solo protestando con carteles y reivindicando derechos que se adquirieron en momentos muy distintos a los actuales. Las cosas obligan a hacer sacrificios para que más tarde no haya que llorar afuera de la portería. Hay ejemplos, y muchos, de sindicatos que han renunciado a muchos logros alcanzados en aras de ayudar a que sus empresas no se liquiden. Aquí guardadas las proporciones podría suceder algo similar.

Pero una muestra de que desde el conocimiento de los trabajadores puede haber ideas interesantes que valdría la pena analizar es la que plantea César Augusto Flórez, directivo de Sintrabecólicas, quien conoce muy bien la empresa y sus finanzas. Sostiene que si bien es válido un reajuste laboral, un ahorro económico considerable lo daría renegociar con los distribuidores de licores lo que se les paga por la venta de cada botella. Dice que en Huila se acordó pagar 3 mil pesos por unidad, mientras aquí se pagan 6 mil pesos. ¿Cuánto representaría eso en ahorro cada año? Ese es solo un ejemplo del enmarañado mundo de los licores en este país. Como dicen en las subastas: ¿quién da más?