Se acabó este proceso electoral que nos permitirá a los colombianos hoy domingo, después de agitados dos meses y medio de intensa campaña, elegir nuevos alcaldes, gobernadores, concejos municipales y asambleas departamentales, además de juntas administradoras locales, es decir, renovar la política local tan necesitada en muchos aspectos de un cambio extremo.
Y no fue fácil la campaña, por lo menos en Manizales, donde tantos aspirantes hombres, mujeres y algunos pocos integrantes de la comunidad LGTBI se la jugaron, con mucho, con algo o con muy poco, por tratar de llegar a una aventura que exige sacrificio, dedicación, esfuerzo, ideas y por sobre todo honestidad y transparencia que son quizás dos de los valores menos respetados en estas contiendas en nuestra sociedad.
Es triste decirlo pero en la lucha por la Alcaldía de Manizales se vio de todo, bueno, regular, malo y perverso, y esto último es lo más lamentable pues a un juego de ideas y propuestas como lo es una campaña política se le mezclaron bajezas y actuaciones ilícitas que terminaron por desvirtuar el fin de la confrontación democrática.
Lo que no entiendo es dónde quedaron las autoridades representadas por la policía, la fiscalía y la procuraduría, además de otros organismos que tienen facultades para vigilar según sus funciones, que permitieron esta bacanal de propaganda sucia y de exceso desbordado de gastos en una u otra campaña lo cual deja ver que aquí más que una apuesta por alcanzar una mayoría de votos lo que se busca es el poder administrativo a toda costa, incluso apelando a prácticas mafiosas de épocas pasadas que creíamos extintas.
Tanto que se critica y es asunto de burla y de sarcasmo lo que sucede en departamentos de la Costa Caribe donde es habitual que políticos, la gran mayoría de ellos con fuero de congresistas, se paseen por empobrecidos pueblos y comunidades necesitadas con sus manos llenas de billetes, comprando conciencias por uno o varios votos en campaña electoral, cuando aquí pasa lo mismo.
Es claro que no hubo control de las autoridades. Que las inversiones que reportan algunas campañas políticas no están acordes con la realidad económica sustentada en los registros de gastos y que un simple ejercicio matemático podría llevar, por lo menos, a abrir una indagación preliminar para cruzar cuentas y saber si hubo o no exceso de dinero invertido en aspiraciones personales o grupales partidistas.
¿Pero a dónde lleva esto? A que los más necesitados y los inescrupulosos vendan o subasten su voto acabando así con el fin supremo de la política limpia y de la democracia que es la participación a partir de las ideas y de las propuestas. Y eso que solo podemos hablar de lo medianamente visto en Manizales donde nos movemos día a día con algunas garantías por la presencia de las autoridades, ¿qué decir entonces de municipios aislados o de zonas rurales donde las carencias son mayores y la gente es más vulnerable ante el ofrecimiento delictivo del político?
Aquí nada va a cambiar mientras no sea el Estado el que financie las campañas políticas. Y de aquí a que eso suceda pasarán años o décadas viendo el mismo desfile de recursos.
Esto es similar a lo que pasa con la absurda prohibición de que los funcionarios públicos hagan política. ¿Cómo pedirle a alguien que se debe a la política y que vive de ella que no la haga en épocas preelectoral o electoral? 
En cuanto a los candidatos a la Alcaldía de esta capital ya senté mi posición en mi pasada columna (http://www.lapatria.com/columnas/71/dos-semanas-de-mucha-reflexion), que además es mía y no pretendo imponérsela a nadie, y creo que quien se acerque a la continuidad de programas que hoy tienen bien encaminada esta ciudad la cual, sin ser el paraíso terrenal, es el mejor vividero del país.