¿Qué secuelas deja en una familia la desaparición trágica de uno o varios de sus integrantes? Esta y muchas otras preguntas caben y siguen vigentes en Manizales después de casi cuatro años y medio de la peor tragedia que en la historia de la ciudado, la del barrio Cervantes, donde perdieron la vida 48 personas.
Después de mucho hablarse, especialmente en los dos últimos años, sobre el inminente acuerdo para pagarles a los familiares de las víctimas una indemnización que es muy inferior al precio que deberían recibir de la administración municipal (alcaldía y Aguas de Manizales) por la responsabilidad que tuvo en este hecho, hoy las cosas parecen estar como al principio del proceso, en total incertidumbre.
No se puede olvidar que fueron 48 las víctimas fatales de un hecho que parece tuvo mucho de negligencia, que es muy diferente a intencionalidad, pero que obliga a los organismos a buscar resarcir, en parte, los daños y perjuicios causados a las personas más cercanas a los fallecidos. Sin embargo pasó la administración de Jorge Eduardo Rojas y el pago no se dio.
Hoy lo que se dice en la Alcaldía, ante todo en la Secretaría Jurídica, donde hay varios funcionarios que estuvieron con Rojas, es que éste manejó el asunto, más con criterio político y con afán de quedar bien con toda la ciudadanía, que con sensatez y justicia. Cabe agregar que en un momento de presión el entonces alcalde Jorge Eduardo Rojas anunció el contrato de un costoso estudio con una prestigiosa firma de abogados de Medellín que le aconsejó conciliar y convalidó, bajo los últimos parámetros jurisprudenciales, la suma que debía pagar.
Tampoco se puede olvidar que, además, puso al Concejo Municipal a que le aprobara un proyecto de acuerdo para lograr un empréstito que le permitiera completar la suma acordada y al final, en el ocaso de su mandato, salió con la dudosa excusa de que no se podía conciliar por lo penal sino por lo administrativo cuando por espacio de seis meses un equipo jurídico y la Fiscalía le recomendaron conciliar vía penal dado que esta es autónoma y el derecho de las víctimas a ser reparadas es de rango constitucional.
Dicen quienes saben de asuntos legales que el entonces alcalde a última hora, para quedar bien con las víctimas y con la ciudadanía, solicitó una audiencia de conciliación ante la jurisdicción administrativa cuando sabía que el proceso le correspondería afrontarlo a su sucesor. Es más, funcionarios de la Secretaría Jurídica han dicho que Rojas les pedía constantemente que buscaran enredar más el tema para evitar una solución, todo al parecer motivado en el miedo de que en un futuro cercano no lo fueron a vincular a un proceso legal por pagar las indemnizaciones.  
Hoy de acuerdo con los abogados que representan a las víctimas el proceso está ad-portas de ser enviado al Consejo de Estado, a Bogotá, para resolver un recurso presentado por el mismo Municipio por un tema secundario como es la poca importante vinculación de Infimanizales, lo que generaría una demora de un año o más aproximadamente y dilataría la eventual conciliación. De suceder esto habría otro asunto adicional, y es que la suma antes ofrecida subiría más por efectos de la inflación y aumento del salario mínimo, lo que haría aún más difícil el arreglo.
Por eso es necesario que el alcalde José Octavio Cardona le dé al asunto un manejo más serio, con la celeridad necesaria y que su actuar esté basado en la justicia y la equidad.
No se debe olvidar que en su mayoría las demandas que por temas semejantes ha debido afrontar el Municipio las ha perdido y que incluso ha pagado cuantiosas sumas por procesos en donde las pruebas y los argumentos no han sido tan contundentes como en el presente caso pues está demostrado que hubo negligencia al atender los llamados de la comunidad que advertían que allí donde se originó el derrumbe sucedía algo.
En conclusión, está todo dado para que no haya más largas frente a este asunto que tiene mucho de justicia y de lógica pues, primero, se resarce un daño cometido contra parte de una comunidad que vivió el peor episodio de su vida al perder de un solo plumazo a 48 de sus integrantes trágicamente sin posibilidad de reaccionar para evitar el acontecimiento, y segundo, se indemniza bajo unos términos de satisfactorio equilibrio para los familiares de las víctimas y para el municipio de Manizales a quienes viven hoy, después de cuatro años y medio, amargos recuerdos, desesperanza e incredulidad en las autoridades.