No se sabe con certeza cuánto ha costado hasta ahora el proceso de paz que adelantan el gobierno nacional y las Farc en La Habana (Cuba). De acuerdo con cifras oficiales reveladas a 31 de diciembre pasado el valor de los entonces cerca de tres años de negociaciones alcanzaba la cifra de 26 mil millones de pesos. Es decir, si nos atenemos a que la dinámica de discusión se mantiene en el rango de gastos que trae desde el comienzo, que podría ser de cerca de 9 mil millones de pesos año, estamos hablando que a la fecha podrían ser unos 30 mil millones de pesos.
30 mil millones de pesos es mucho dinero, pero si lo ponemos en el contexto de que esa plata puede representar el fin del conflicto con las Farc, es decir se evitarían muchas muertes, secuestros, extorsiones, destrucción de bosques y voladuras de oleoductos, entre otros males que practica esa guerrilla, resultaría muy insignificante el multimillonario monto.
Pero no por eso se puede seguir gastando y gastando dinero a manos llenas, cuando además falta que los colombianos definamos si aceptamos, a través de la refrendación, lo que de manera eventual puedan acordar ambas partes en la mesa. Por lo menos esa es la promesa y el compromiso del presidente Santos. Ahí se vendría otro gasto grande, pues habría que buscar el mecanismo ideal para que la ciudadanía diga si o no a lo que las partes hayan establecido.
Faltan dos meses y 10 días para las elecciones, y hace cerca de dos meses el Jefe de Estado dijo que al proceso le quedaban cuatro meses para establecer acuerdos, que si eso no se daba se podría acabar la negociación. En ese sentido lo que deberíamos pedirles a ambas partes es que aceleren sobre los puntos pendientes aún, a ver si es posible que termine rápido lo de los acuerdos para que la consulta se pueda hacer el mismo día de las elecciones regionales que es el 25 de octubre. De lo contrario habrá que esperar un momento diferente para realizar el procedimiento de refrendación y eso tiene un alto costo pues demanda disponer casi la misma logística de una elección convencional.
¿Acaso será muy difícil a los tarjetones para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de las JAL que se entregarán este 25 de octubre sumarles otra tarjeta en la que se les pregunte a los ciudadanos si aceptan o no los puntos que eventualmente se hayan firmado en La Habana para ponerle fin a 50 años de guerra? Hacer eso podría representar un ahorro de dinero multimillonario, pues para esta elección regional el gobierno le asignó a la Registraduría Nacional del Estado Civil 435 mil millones de pesos.
Sólo este factor debería mover el interés tanto del gobierno como de las Farc para agilizar el procedimiento de consulta popular que se necesita, máxime cuando los negociadores del grupo insurgente vienen expresando abiertamente que no están dispuestos a pagar cárcel por los delitos cometidos en desarrollo del conflicto, pues todo lo consideran como actos de levantamiento o lucha política, y no como acciones de violación de derechos humanos. Es decir, pretenden que el pueblo les crea que secuestran como un acto de protesta política, que cometieron masacres de gente inocente para rechazar la corrupción administrativa, que sembraron minas antipersonal para presionar que construyeran escuelas dignas para los niños, que volaron oleoductos y contaminaron fuentes de agua como rechazo al presupuesto nacional.
Está dicho por quienes integran la dirigencia de las Farc que no están dispuestos a entregar las armas y que no aceptan condenas por sus delitos atroces. En ese orden de ideas creen que después de tres años de negociar y definir unos acuerdos ya tienen derecho al perdón. Por eso no hay que darle más vueltas al asunto y concretar, si así lo considera el gobierno, los acuerdos en la mesa y ponerlos a consideración de los colombianos, ojalá el mismo 25 de octubre, sin darle más largas al asunto. Aquí lo que se necesita es ahorrar tiempo y dinero, por eso que el pueblo decida.