Desde su concepción hemos manifestado nuestras observaciones al conocido programa de Protección del Ingreso Cafetero, PIC, sin embargo debemos reconocer que este ha sido un mecanismo vital para apoyar a los caficultores en épocas en que se cruzaron fatalmente dos circunstancias: la caída de la producción y el deterioro de los ingresos por cambios negativos en el precio interno. El precio interno se deterioró en su momento tanto por efecto de la cotización en el exterior, como por el fenómeno de la revaluación. Así, la Protección del Ingreso Cafetero ha significado un esfuerzo fiscal de cerca de $2 billones con el cual el gobierno Santos continúa respaldando a los productores, lo cual lo convierte en la política de intervención del mercado cafetero más agresiva desde la ruptura del Acuerdo Internacional del Café, a finales de los 80.

Las nuevas circunstancias de producción y precios nos debe llevar a repensar la política de protección del ingreso. Si se quiere es necesario flexibilizarla y focalizarla en los productores más pequeños. No hace falta ser doctorado en economía para entender que un programa que remunera las cantidades producidas terminará concentrado en aquellos que más producen, que en la práctica se traduce en los más grandes productores. Así, objetivos como una mayor equidad en la redistribución del ingreso pregonados por el Gobierno Santos, desde su primer Plan de Desarrollo, han sido flagrantemente ignorados por los creadores de política cafetera. Este es un efecto que para un Gobierno que quiere ganar en equidad durante su segundo periodo le debe preocupar la continuidad de este tipo de instrumentos que, en el mejor de los casos, deben ser solo temporales.

De otra parte, los medianos y grandes productores deben estudiar con mucha seriedad y revaluar su participación en el negocio cafetero. En pocas palabras ahora que están recuperando sus condiciones económicas, aprovechen ese aire financiero que tienen para que hagan las transformaciones productivas, bien sea mejorando sus plantaciones de café o para ver qué fronteras sembradas, o su capital, se dedican a otras actividades, que no sean tan susceptibles a choques internacionales.

Soluciones extremas como es el subsidio al precio que fueron establecidos tras las protestas sociales son anti-técnicos al generar distorsiones del mercado, que son, como ya lo dijimos una solución temporal. Así, el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros deben corregirlo.

Hay que dar los debates también sobre la necesidad de evaluar muy a fondo, la pertinencia de destinar dineros del presupuesto para la financiación del precio de compra del grano, o más bien seguir invirtiendo en bienes públicos en las zonas cafeteras, para darles mayor productividad. Los estudiosos claman que en el largo plazo es mucho mejor destinar recursos en bienes públicos puros como carreteras o de sector como la investigación de tecnologías a través de Cenicafé y un mayor servicio de extensión para que estén a disposición de los cultivadores, etc. Tienen un impacto muy importante en el aparato productivo.

Creemos que, de existir, el PIC se debe focalizar en los pequeños productores cuyas características homogéneas disminuirían el costo del programa y no para todos los productores de café.

Este tipo de debates seguramente se podrán dar una vez salga del horno el estudio de la Comisión de Estudio del Sector Cafetero dirigida por Juan José Echavarría. Las expectativas son grandes y las oportunidades para mejorar el sector y su institucionalidad son de una importancia capital. Echavarría haría bien asumiendo un rol en el gobierno que le permitiera implementar los cambios planteados, al menos en cuanto al Fondo Nacional del Café se refiere. Y la Federación Nacional de Cafeteros también deberá dar profundos debates sobre su papel en las nuevas circunstancias del mercado.

La Caficultura necesita que la debatamos con profundidad y con participación de todos los actores involucrados.