La Educación como un derecho de todos y como herramienta para la construcción de nuevo país, es el marco de referencia de la política pública en materia de educación superior.

En efecto, el documento del Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, Propuesta de Política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de paz, con el horizonte al 2034, se considera que: "La educación pasó de ser un privilegio exclusivo para las élites sociales a convertirse, cada vez más, en una aspiración de toda la sociedad. Ahora la educación se proyecta hacia la universalización y al reconocimiento como derecho real que brinde oportunidades para todos y sea una herramienta de transformación individual, social, histórica, política, cultural y económica de nuestro país para seguir apuntándole a un proyecto de Nación justa, digna y solidaria".

La hoja de ruta, consensuada con muchos de los actores sociales vinculados con las universidades, da unas líneas bien claras de lo que pueden ser los ejes de transformación de la educación superior en Colombia. Y uno de los puntos tratados sin la concreción más conveniente ha sido el tema de la financiación del Estado. Una educación verdaderamente accesible para todos implica necesariamente una financiación importante por parte del Estado. Y aún la oferta privada debería gozar de algún tipo de apoyo. El sistema esbozado por el documento, de fondos especializados y bolsas concursables, es interesante, pero que requerirá de mucho músculo financiero.

De otra parte, la idea de generar unas nuevas estructuras de control y acompañamiento para la calidad son interesantes, dejando la inspección y control a una Superintendencia y los procesos de calidad en una Agencia Nacional de Calidad y Acreditación, y la cuestión internacional estaría apoyada por una Agencia Nacional de Cooperación e Internacionalización. En cuanto el control es fundamental generar esquemas de control claramente diferenciados para entidades con acreditación institucional con respecto al resto. A fin de darle mucha más libertad a las universidades acreditadas.

Sobre el tipo de programas, el documento vuelve sobre un punto que ya ha sido hiper-diagnosticado y que es el relativo a la oferta tecnológica. Hay otros países como México que sí han tenido desde hace tiempo esta prioridad. Es fundamental este énfasis para actualizar de manera adecuada la preparación de educación superior para el trabajo. Otro aspecto complementario es la articulación de la educación superior con la educación básica escolar. Aquí hay mucho que ganar.

Un aspecto novedoso es la regionalización de la política pública, buscando que las instituciones de educación superior estén más sintonizadas con las regiones. Lo que es interesante.

Sobre investigación, ligada con la ciencia, tecnología e innovación, de nuevo se ve la necesidad de un replanteamiento en la forma de financiación. Igualmente al apoyo de la formación de los docentes para que obtengan título de doctor y así formar una nueva masa crítica de investigadores. Pero el punto aquí pasará seguramente por una reforma a las regalías destinadas para ello. La actual concepción del uso de la regalías no es el mejor para las Universidades.

Finalmente, plantea metas grandes en términos de inclusión. Llegar a una tasa de cobertura del 86% de las personas entre 17 y 21 años en el año 2034, es grande, pero un imperativo para ese nuevo país que soñamos.

Los delineamientos son bien interesantes y hay cierto consenso en ellos, ya habrá que determinar muchos aspectos en los cuales no hay acuerdo todavía, pero por lo menos tenemos un horizonte retador para el sistema educativo nacional.

Que esta universidad que se sueña sea una dinamizadora de ese nuevo país.