La sentencia de la Corte Constitucional que dejó en firme la Ley estatutaria de salud, que es un paso importante hacia la reorganización del sistema de salud, abre un nuevo capítulo para ese sector en el país. Constituye un paso muy importante al declarar la salud como derecho fundamental que implica una prioridad básica en el marco del Estado Social de Derecho. Y por lo tanto, se espera que se vele de manera muy concreta y efectiva para que los colombianos y colombianas puedan gozar de dicho derecho. La ley no puede ser letra muerta, sino fundamento para el goce y disfrute de un derecho fundamental.

Ahora es importante que con base en la ley se establezca, no solo el andamiaje organizativo para que el acceso a la salud sea algo real para todos, sino ser, a la vez, muy conscientes de la necesidad de financiar este servicio desde el presupuesto nacional. Igualmente, se deben tomar muy en serio los mecanismos que otorga la ley para el control de los precios de los medicamentos. Algunas tibias decisiones ya ha tomado el señor ministro Alejandro Gaviria, pero que hay que profundizarlas y extenderlas. La tiranía de los laboratorios farmacéuticos con los precios es un hecho que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y esperamos que el Gobierno con las nuevas herramientas intensifique y arrecie fuertemente el control y sanción a los laboratorios que se han dedicado a exprimir a muchos enfermos con precios exorbitantes, muchas veces muy superiores al promedio internacional.

De otra parte, debe ser reglamentado el "lobby" que muchos laboratorios realizan con distintas estrategias para buscar que los médicos prescriban sus marcas. En esto, el análisis público de las universidades sobre la efectividad real de los medicamentos debe servirle al ministerio para tomar decisiones sobre la inclusión en las listas de medicinas recomendadas. Si bien la nueva ley no restringió la autonomía de los médicos, sí debe haber un seguimiento muy importante del ministerio de Salud de las prácticas poco santas de muchos laboratorios que utilizan para asegurar que sus productos sean recetados. Este punto raya frecuentemente con la más mínima ética.

Esperamos que la garantía de contar con la prestación adecuada de los servicios de salud sea efectiva y las entidades prestadoras dejen de sacarle el cuerpo a sus responsabilidades. Que la tutela deje de ser la vía ordinaria para enfermos que requieren tratamientos con urgencia, sino que el sistema de salud les proporcione los cuidados a que tienen derecho. Finalmente, la posición de la Corte deja de lado el odioso y mercantilista criterio de costo-beneficio, que llevaba a discriminar entre los pacientes terminales y los que podrían recuperarse. La Corte reafirma que todas las personas tienen el mismo derecho a los tratamientos, aún los de alto costo.

Hay, pues, un paso adelante con la ley estatutaria. Ahora le corresponde al Gobierno ponerla a marchar y gerenciarla.