En los últimos meses se han presentado dos informes de vital importancia para el futuro del país: El primero el de la Misión rural y el segundo sobre la Propuesta para una visión compartido sobre la minería en Colombia. Dos temas sobre los cuales hay que actuar de manera urgente y con visión de futuro: Agro y Minería. 
Ambos estudios tienen que ver con la vida rural en el país, allí donde se juega la sostenibilidad del país. Allí donde la seguridad alimentaria se decide. Allí donde el medio ambiente presenta sus más frágiles y delicadas vulnerabilidades. Allí donde se va a decidir una buena parte del postconflicto. 
Leyendo los informes queda en claro que hay que fortalecer la institucionalidad del Estado para poder gestionar estos temas. Y la verdad es que no se trata de burocracia, sino más bien de tecnocracia. Y una tecnocracia que el Estado colombiano ha ido formando en algunos entes oficiales como el Banco de la República, algunas unidades especializadas del Ministerio de Hacienda, o como se concibió el Ministerio de Comercio, o como las agencias temáticas que se han ido creando en los últimos años. Allí está naciendo un nuevo Estado mucho más serio, más enfocado y profesionalizado. Pues bien, la gestión agraria y minera en el país requiere de una nueva institucionalidad. 
Una segunda constante de los informes es la importancia de conciliar intereses, de que las políticas sean producto de un diálogo participativo, incluyente e informado. Aquí es fundamental que todos los interesados entren por una nueva dinámica de consenso social en muchos de los temas que tienen que ver con el campo y la minería. Solo si se sientan y se escuchan todos los participantes se lograrán conciliar los intereses. Excluir actores es sinónimo de fracaso. 
En tercer lugar es necesario que haya políticas largo aliento, que sean verdaderos ejes rectores de cada uno de los temas, para que en esa perspectiva se puedan canalizar las soluciones que se vayan consensuando. Si no hay ese telón de fondo, las decisiones pueden llevar a la dispersión y se pierde focalización e impacto. 
En cuarto lugar, queda claro que en ambos frentes, agro y minería, hay distintos tipos de actores, coexisten los informales y tradicionales, con unos mucho más modernizados, mecanizados y de tamaño importante. En otros países, por ejemplo Brasil, existía el ministerio de la agroindustria y por otro lado uno para los campesinos. En el informe de minería se plantea distintas institucionalidades para los diversos tipos de explotación. Hay que saber que cada tipo de actor, o por lo menos la tipología de grande y pequeño, formal e informal, requieren unos procesos y tratamiento diverso. No hay una solución única. Hay que ser pragmáticos en ello, y dar respuestas que se acomoden a las distintas realidades. 
Estos dos informes deben ser la base para relanzar la gestión de los temas del agro y la minería en el país. Estamos en mora y es urgente que se haga la actualización de las instituciones y la forma como el Estado gestiona los temas de cada uno de estos grandes sectores económicos del país.