Cuando el hoy gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez, estaba en campaña tuve la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle sobre la Industria Licorera de Caldas. Su respuesta no interesa -fueron palabras de candidato, otra cosa es la realidad-, pero sí le dije que si quería enderezar el camino de lo que algunos mal llaman "el banco de Caldas", debería contarle a la gente lo que de verdad allí se cocina.

No lo ha hecho. Tampoco lo hizo el gerente saliente, el acreditado Bruno Seidel. La situación es tan turbia que lo único que deja son dudas. ¿La ILC da plata o solo pérdidas? ¿Hay intereses del sector privado o solo especulaciones? ¿Hay distribuidores interesados en hacer negocios con esta empresa? ¿Por qué le queda grande a administradores con recorrido? ¿Cuáles son los intereses de los sindicatos? ¿Qué tan politizados están? ¿Qué tan corrupta está?

Algunas de estas dudas comenzaron a disiparse tras leer lo que opinan algunos congresistas de Caldas sobre el estado de la ILC. LA PATRIA, en su edición del martes pasado (No. 32,867), publicó el artículo Suena socio para ILC, dudan si debe tener el control, en el que las declaraciones de Mauricio Lizcano (Partido de la U), Mario Castaño (Partido Liberal) y Arturo Yepes (Partido Conservador) evidencian alguno de los intereses que allí se manejan.

Para nadie es un secreto que la ILC fue por muchos años el fortín político (y económico) del yepobarquismo. Se conoce de sobra la investigación realizada en 1981 por la Unidad de Investigación de El Tiempo en la que hablaban del "roscograma" con el que se beneficiaban "altos dirigentes del departamento" (así dice el portal de Internet del archivo digital de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-838997). Los principales involucrados en este caso fueron Ómar Yepes (hermano de Arturo), Víctor Renán Barco (del Partido Liberal, el mismo de Castaño), y Luis Guillermo Giraldo (investigado por violar los topes de la financiación de la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe y otras triquiñuelas).

Este robo a Caldas, según el archivo digital de El Tiempo consistió en: "Distribuidores de licor estaban pagando cuantiosas bonificaciones a gobernadores, congresistas de la región y funcionarios de gran influencia para que les reservaran el derecho exclusivo de venta de los productos, según consta en algunos apartes del informe entregado por el entonces Procurador (Carlos Jiménez Gómez)".

¿La historia se repite?

Mauricio Lizcano, que no es santo de mi devoción, prende las alarmas ante la preocupante situación de la Licorera. "(…) la ILC es rehén de los distribuidores y muchos han llegado por recomendaciones políticas o intereses económicos".

Mario Castaño, que fue coordinador de costos, jefe de la oficina financiera, gerente financiero y comercial de la ILC (algunos de estos cargos cuando el exgerente y hoy prófugo de la justicia Carlos Arturo Fehó estuvo al mando de esta empresa), dice que la ILC no está en una crisis "tan aguda" como lo pinta el Gobierno departamental. Según él, allí no se necesita "un gran gerente, sino un gran relacionista", uno que esté más del lado de la política que de la administración de una empresa como esta.

Por su parte, Arturo Yepes señala que la ILC lo único que necesita "es un gerente público". "(…) mientras tuvo gerentes que venían del sector público daba utilidades. Aunque la metían en una serie de señalamientos, siempre daba ganancias, hasta para los señalamientos".

Estas declaraciones me hicieron recordar al expresidente Julio César Turbay y su nefasta frase: "Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones".

Uno de los recientes problemas de la Licorera es que no tenía distribuidores, o que estos no le caminaban como debía. Siendo malicioso, y después de leer la declaración de Lizcano, ¿será que detrás de algunos de estos distribuidores están algunos de estos "altos dirigentes del departamento" frenando el crecimiento de la ILC para forzar cambios y montar sus fichas?

Por ahora parecen frotarse las manos y están al acecho del botín. La fiesta comenzará una vez se posesionen, tengan sus Unidades de Trabajo Legislativo y se conozcan los presupuestos. Si lo hicieron sus antecesores, ¿por qué ellos no?