Después del anuncio del presidente y de la firma del documento de justicia transicional que se aplicará a los guerrilleros de las Farc, se han tejido una serie de especulaciones acerca del proceso de paz que tergiversan la realidad y desorientan a la opinión pública. Muchos de los argumentos que se dicen en la calle faltan a verdad, generando un clima negativo para la decisión de refrendación que tendrá que tomar la ciudadanía. Veamos: 
1. En ningún momento se está negociando el modelo de Estado colombiano ni la entrega del poder a los guerrilleros. Eso no lo aceptaría el Congreso de la república, la Corte Constitucional ni la fuerza pública legalmente constituida, y en general ningún colombiano. 
2. En modo alguno se están negociando los derechos de propiedad que actualmente tienen los ciudadanos de este país. A muchos propietarios legítimos de grandes extensiones de tierras, se les viene diciendo que pueden perder sus predios. Eso no va a suceder, ni puede suceder. La Constitución política señala que la propiedad es un derecho fundamental. 
3. Es totalmente descabellado decir que en La Habana se está exigiendo el procesamiento del expresidente Uribe como requisito para la firma de un acuerdo de paz. Si así fuera, dicha exigencia tendría que abarcar a todos los exmandatarios. Los presidentes tienen fuero constitucional y sus investigaciones son adelantadas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tal y como fue ratificado hace pocos días en el acto legislativo de equilibrio de poderes aprobado por el Congreso. 
4. Es natural que si queremos terminar cinco décadas de violencia, los guerrilleros pasen de la lucha armada al debate electoral. Serán los colombianos quienes decidan en el futuro si quieren elegir a estas personas cuando se postulen a los diferentes cargos de elección popular. Sería ingenuo pensar que aquellos que no ha sido posible derrotar militarmente, hoy, de buenas a primeras, entreguen sus armas para podrirse en una cárcel. 
5. La justicia transicional no es sinónimo de impunidad. Es una herramienta internacionalmente válida para resolver los conflictos internos de las naciones. El modelo de justicia que se aplicará a los guerrilleros tiene dos componentes: uno represivo que consistirá en una sanción privativa de la libertad, y otro restaurativo tendiente a reparar las víctimas de este conflicto. Ningún sentido tiene imponer medidas punitivas si no logramos que más de seis millones de compatriotas que hoy se declaran víctimas del conflicto, pierdan la oportunidad de obtener verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 
6. Los miembros de la Fuerza Pública que están investigados con ocasión del conflicto no tendrán trato más represivo que los guerrilleros. El documento anunciado establece que el modelo de justicia transicional se aplicará tanto a guerrilleros como a agentes del Estado por su participación directa o indirecta en el conflicto. Esto implica que los militares también tendrán un tratamiento especial por los delitos cometidos en medio del conflicto armado, sin que eso signifique igualarlos con los alzados en armas. Con toda seguridad, tanto condenados como investigados tendrán mejor tratamiento judicial.