Que la mayoría de las instituciones en el país generen desprestigio es un problema mayor. El congreso de la república goza de una alta opinión desfavorable siendo no solamente una constante histórica en el país, sino el referente de los parlamentos en casi todas las naciones democráticas del planeta.

Pero que el poder judicial alcance los limites de desprestigio que hoy las encuestas señalan, si obliga a una reflexión mucho más profunda. Los últimos acontecimientos generados en la Corte Constitucional, empañan toda la rama y generan tristeza frente a una de las instituciones más queridas por los Colombianos. Los avances en materia de derechos fundamentales que la corte ha protegido desde la creación de la acción de tutela, han sido de suma importancia. Son miles los Colombianos de menores recursos que lograron satisfacer sus derechos a través de este mecanismo.

El país no puede seguir registrando semanalmente un escándalo público que se olvida por otro de mayor calibre. Sin duda obliga la toma de decisiones legislativas que permitan dar resultados precisos para la tranquilidad de la opinión publica.

La decisión de eliminar la comisión de acusaciones para dar paso a otro organismo judicial que investigue a los altos dignatarios de estado, puede ser de gran utilidad. Eso sí, advirtiendo que el nuevo tribunal, debe estar conformado por personas de las mejores condiciones personales y académicas.

Del mismo modo, la eliminación del consejo superior de la judicatura, es una decisión que viene aplazando el país hace ya varios años. Se hace urgente, la creación de un organismo que gerencie la rama judicial y satisfaga con mayor celeridad la demanda de justicia que los Colombianos reclaman.

No puede seguir haciendo carrera aquella frase de que la justicia es solo para los de ruana o que los procesos judiciales son eternos o que existe corrupción al interior del poder judicial. Y es que no se trata únicamente de los procesos penales, donde los índices de impunidad son alarmantes. También obligan cambios que permitan impulsar y dar respuesta efectiva a los procesos administrativos, civiles y laborales. A aquellos temas menores que podrán no ser los grandes casos, pero que son altamente significativos para un ciudadano común y corriente. Es evidente que cuando los Colombianos desdicen de la justicia, lo invocan más por las circunstancias que a diario viven en su barrio o en su municipio que por los grandes escándalos que registran los medios. Esto evidencia la necesidad de reglamentar con juicio, aquellas pequeñas causas que obedecen al día a día de nuestro país.

El papel de los abogados litigantes es crucial si queremos superar la situación actual de la justicia. El profesional, como ocurre en muchas otros países, debe entenderse como un colaborador del poder judicial y hacerlo parte de todo el engranaje de justicia. Por ello, es imperativo reformar el estatuto del abogado, fortalecer los colegios de abogados y ser más estricto desde las facultades de derecho en la formación de los estudiantes.

Reformas como aquella que propusimos al código de procedimiento penal, así como la implementación efectiva de la oralidad en los procesos judiciales, son de suma importancia como herramientas para ir avanzando en la mejoría de la justicia.

Para todo ello, sin duda se necesitan mayores recursos que permitan crear más despachos judiciales, pero que también modernicen la rama. En últimas, se trata de buena gerencia al interior del poder judicial.

Son varias las decisiones que deben adoptarse, por lo que no se trata de un único proyecto de reforma a la justicia el que nos resuelve todos los problemas.