La realidad del campo colombiano es cada vez más difícil y los datos del censo agropecuario así lo evidencian. Las brechas sociales entre la ruralidad y los centros urbanos son cada vez más amplias, sin que se evidencien en el corto plazo políticas públicas encaminadas a superar tan compleja situación. 
El problema del campo colombiano es de décadas. Aquí no se salva ningún gobierno, y por tanto más que buscar culpables, lo deseable sería que la agenda pública nacional priorice en superar esta situación. 
El pasado 2 de agosto en la plenaria de la Cámara de Representantes, convocamos un debate de control político con el fin de evaluar el presente y futuro del campo colombiano (véase en https://www.youtube.com/watch?v=2TQ_osXPwhQ). En dicho debate, se pusieron de presente situaciones como que del total del área rural del país, solo se destina el 6,3% a uso agrícola. Que el 70% de los predios son inferiores a 5 hectáreas y apenas equivale al 4,8% de las tierras productivas. Escasamente el 9,6% de los campesinos reciben asistencia técnica y menos del 21% de los campesinos tiene título de propiedad de sus tierras. 
Eso sin hacer referencia a circunstancias sociales según las cuáles el 83% de los trabajadores del campo tiene bajo logro educativo. El 92% está en la informalidad laboral con salarios mensuales menores al 70% del salario mínimo y más del 40% no tiene acceso a agua mejorada. 
De toda la información evaluada, puede concluirse que hay dos temas fundamentales en la crisis que hoy se evidencia en el campo: el primero, que definitivamente la concentración de la tierra es demasiado alta en Colombia, y por tanto el alto costo de la misma frente a muchos otro países de América Latina. Y en segundo lugar, la ausencia de títulos de propiedad aleja a los campesinos del mercado financiero y de la posibilidad de acceso a gran parte de los beneficios estatales. 
Es evidente que uno de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo es el de ordenar el territorio rural. Cerrar las brechas urbano-rurales. Acelerar la salida de la pobreza y mejorar las condiciones de habitabilidad en el campo está lejos de cumplirse. La decisión de reducir el presupuesto general de la Nación para el año entrante en más de 2 billones de pesos, entierra cualquier posibilidad de reivindicar la histórica deuda social que se tiene con nuestros compatriotas del campo. 
Basta ya de seguir en el debate retórico de agroindustria versus pequeños productores. Con una extensión tan amplia del área rural hay “campo” para todos. Lo importante es entender que trabajar el campo no puede seguir siendo una labor de mera subsistencia, donde las personas se mantienen por obligación y no por vocación. Que la gran mayoría de campesinos aspiren a sacar sus hijos del campo, nos demuestra que el problema es mayúsculo.  
Ojalá el mensaje sea de apoyo al campo y de que este sector se constituya en punto prioritario de la agenda pública. No hay que esperar nuevas marchas y vías de hecho como las de esta semana en el Ministerio de Agricultura. Para ello, lo primero es no golpear tan duramente el presupuesto para el agro colombiano.