Se registra en los medios de comunicación que durante todo el 2014 el Gobierno de Venezuela expulsó de su territorio aproximadamente a unos 1.800 colombianos. Recientemente (desde agosto), las cifras proporcionadas por las autoridades migratorias de Colombia, señalaron que 751 ciudadanos colombianos fueron expulsados: 612 adultos deportados, y 139 niños repatriados. De todos estos, 514 se encuentran en albergues en la zona de la frontera, aunque, entiendo, ya han sido trasladados a sus hogares en Colombia (quizás convenga aclarar que seguramente estas cifras ya están desactualizadas). 
Estos hechos ciertamente son lamentables, máxime si se tiene en cuenta que, según el presidente Maduro, todo es producto de la denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo venezolano, quien insiste en acabar con las bandas delincuenciales que por allí operan.
Por supuesto, no me voy a detener en detallar lo que ha venido ocurriendo en la zona fronteriza con Colombia y que cubre los municipios de Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia; sin dejar de mencionar que Cúcuta está comunicada con Ureña y San Antonio (que forman parte del estado venezolano de Táchira), por el puente internacional Simón Bolívar. Ya los periodistas lo hacen con bastante suficiencia y precisión.
Lo que sí creo es que estos deplorables incidentes, que vulneran los más elementales derechos humanos de cientos de ciudadanos (de ambos países), nos deben llevar a preguntarnos ¿qué es lo que ven los colombianos en otros países que deciden irse a buscar, según ellos, mejores oportunidades de vida?; pregunta que implica pensar desde la acera del frente: ¿qué es lo que Colombia no les está ofreciendo a sus ciudadanos que éstos sienten la necesidad de irse y abandonar sus raíces? Claro, no deja de resultar curioso y paradójico que luego uno escucha a muchos de estos emigrantes decir que extrañan mucho a su patria y que Colombia es lo mejor, pero siguen allá. Y una pregunta, quizás todavía más ácida: ¿por qué muchos de nuestros dirigentes y líderes empresariales deciden enviar a sus hijos a estudiar a prestigiosas universidades de otros países, en un acto que bien podría considerarse como de desconocimiento y descreimiento de las nuestras?
La migración ha sido, en verdad, una constante. Según la Cancillería, ha habido tres grandes movimientos de ciudadanos: en la década del 70, muchos se fueron hacia los EE.UU.; en la del 80, emigraron hacia Venezuela; y en la del 90, los destinos fueron España y a Ecuador, entre otros países. Y esto sucedió, se dice, por motivos económicos, es decir, al parecer mayores posibilidades de conseguir empleos que les permitirían aumentar sus ingresos y obtener una mejor calidad de vida. No estoy dejando de pensar en, por ejemplo, que de los 55 mil ciudadanos que, huyendo del conflicto armado, según la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, Acnur, por lo menos un 70 por ciento, viven en Quito, Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio. Según el estudio denominado Perfil migratorio de Colombia 2012, realizado por Migración Colombia, el DANE y el Ministerio de Relaciones Exteriores, son muchos los colombianos, alrededor de cuatro y medio millones, que establecieron su vida en el exterior.
Quiero insistir en mi cuestionamiento considerando otra perspectiva: es cierto que una guerra -y más si es larvada, como la nuestra-, afecta sustancialmente la economía de un país; sin embargo, la economía también puede afectar de manera negativa las libertades de los ciudadanos. Es necesario pensar en transformar a la gente que dedica su vida a las violencias, en ciudadanos pacíficos. Ahora que estamos en época de elecciones, ojalá quienes lleguen al poder piensen seriamente que es necesario abrirles espacios en la sociedad a quienes han tomado las armas. Eso es pensar en una sociedad pos acuerdos. Creo que podemos estar de acuerdo en que nuestros ciudadanos deben quedarse en el país, en su territorio; el camino hacia la paz no es el desarraigo, sea por motivos económicos o de violencias armadas. Para producir riqueza es necesario incorporar a los ciudadanos, contar con ellos. No dejar que se vayan. Así no se construye una sociedad razonable. El Estado colombiano debe ser integrador, debe permitirle a sus ciudadanos que potencien sus libertades y capacidades. Así se construye una sociedad razonable.