Nada más discutido ni más enredado que el camino hacia la paz en Colombia. Seguramente no lo pensó así el presidente Santos cuando tuvo la loable idea de comprometer a las Farc para acordar un cese de hostilidades, mediante la discusión de cinco puntos propuestos por el gobierno. Creyó que en unos pocos meses se firmaría, al fin, un documento que sellaría la paz.

A pesar de que se había preparado legislativamente, se encontró con una serie de iniciativas de los militantes políticos y de los representantes de la guerrilla, que han alargado indefinidamente el acuerdo hasta el punto de pensar si algún día se firmará.

El proceso de la paz se politizó y fraccionó la opinión pública en forma tan intensa y peligrosa, solo comparable a la práctica guerra de los partidos liberal y conservador de las décadas treinta y cuarenta del siglo pasado, que casi termina en la inhabilidad de Colombia como nación. Época nefasta precursora de la guerrilla actual.

La paz se convirtió en la bandera de todas las gamas políticas en la reciente confrontación electoral, haciéndola propia según los matices de los partidos en contienda. El candidato presidente la ondeó como propiedad exclusiva y en sus términos personalmente adoptados. Su contrincante con casi la mitad de los votos, la condicionó a la no impunidad a lo cual su adversario calificó como partidario de la guerra, porque la contra parte guerrillera no aceptaría.

Entre estos dos extremos se fracciona la opinión pública, la de todos los estratos sociales, hasta la de los juristas de todos los pelambres. La que pide severos castigos de cárcel, hasta la de calenturientos adverados de la jurisprudencia que inventan una impunidad total, concediendo un derecho a todos los altos criminales de la guerra a participar en política y el acceso a las más virtuosas posiciones del parlamento nacional.

En estos momentos, precisamente, entra al debate una ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, que propone cambiar el artículo 3 de la ley Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso, mediante el cual permite juzgar a quienes han cometido crímenes graves durante su participación en el conflicto y seleccionar de acuerdo con esa gravedad, quienes pueden o no participar en política.

Rojas propone, según lo explica la revista Semana, que este artículo 3 sea cambiado en su totalidad por un párrafo que solo diga "una ley estatutaria regulará la posibilidad de participar en política". Con esta modificación la puerta se abre sin restricción alguna para que toda la criminalidad guerrillera, aún la más atroz, pueda participar y entrar al mundo político del país, limpia de toda culpa y por lo tanto ser elegida y participante en la sala donde se parlamenta y donde se hacen las leyes que rigen la suerte de Colombia.

El debate en el Congreso de esta ponencia, con el apoyo y el aplauso del fiscal, será para alquilar balcón y se levantarán muchas voces de protesta en todo el país. Dos facciones salen a la palestra, la que exige que los jefes guerrilleros autores de los mayores crímenes registrados en la historia de Colombia sean juzgados y sancionados con severas penas de cárcel, y sin posibilidad alguna de participar en política. Y la de la impunidad legalizada que apersona el magistrado Alberto Rojas con su ponencia, que permite, de una, la libertad de estos terroristas con derechos políticos que les permiten hacer parte del parlamento colombiano.

Será una batalla campal en la cual debieran participar todos los partidos políticos y la sociedad colombiana con todos sus estratos. Lamentablemente el plazo para ser aprobada o no termina el 26 de julio. Existe la esperanza en las recientes afirmaciones del presidente para desmentir a quienes están propagando la idea de la impunidad.

El proceso para la paz entra a las etapas más cruciales. Además de la aludida, está la de pedir perdón a las víctimas ya en proceso y la de la entrega de las armas previamente negada por los jefes guerrilleros, conjuntamente con su posición reiterada de no pagar ni un solo día de cárcel. No está claro aún lo acordado con el narcotráfico ya que esta actividad es la que nutre la vida guerrillera y enriquece la opulencia de sus jefes. Es muy dudoso que unos y otros renuncien a este vigoroso negocio entregue rutas, contactos y toda la parafernalia que hacen posible ese criminal proceso.