Gary Becker, premio Nobel de Economía, decía que la labor fundamental del economista, su razón de ser, es entender y ayudar a erradicar la pobreza. A pesar de la caída de la pobreza en Colombia de niveles de 50% a cerca de 30% y de la pobreza extrema de 17% a 9% durante los últimos 12 años, parece claro que la labor de los economistas está lejos de estar terminada. El éxito relativo de la lucha contra la pobreza en Colombia se debe a una combinación de factores que yo agruparía en dos grupos: crecimiento saludable, estabilidad macro y aumentos de ingresos promedio; y políticas sociales específicas con estrategias de focalización.

Uno de los debates recurrentes es sobre la efectividad y naturaleza de los programas sociales focalizados que usan criterios de elegibilidad, mecanismos de condicionalidad para inducir ciertos comportamientos considerados deseables. Ejemplos de programas de este tipo iniciativas del Departamento de la Prosperidad Social y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Algunos críticos consideran que crean dependencia y una cultura asistencialista, otros cuestionan su eficiencia y efectividad en el logro de sus objetivos.

A pesar de las evaluaciones de impacto de programas de este estilo, que han mostrado resultados positivos aquí y en muchos otros países, ha habido poco análisis del conjunto de programas sociales y cómo se comparan con alternativas. Una de las críticas al estado del bienestar viene del análisis de incentivos perversos creados por condiciones de elegibilidad, y, en particular, sobre decisiones en el mercado laboral. La condicionalidad de muchos de estos esquemas puede crear trampas de pobreza, donde es mejor negocio permanecer elegible para programas sociales que tomar acciones que puedan aumentar ingresos o mejorar condiciones usadas para determinar elegibilidad. El resultado son secciones en la distribución del ingreso donde hay tasas marginales de impuesto implícitas altísimas.

Una propuesta de política que ha tenido algo de desarrollo en medios académicos, y algunos esfuerzos parciales de implementación, es la idea de una renta mínima universal que reemplace toda la oferta de programas sociales. La idea de la renta mínima universal es que todo ciudadano tenga derecho a una transferencia, sin condiciones, por parte del Estado. Pero nada más. ¿Cuáles serían las posibles ventajas de un sistema de este tipo? ¿Las desventajas? ¿Vale la pena discutir propuestas, que de pronto son inviables políticamente en la actualidad?

Dentro de las ventajas de una renta mínima universal, se cuenta la eliminación de tasas impositivas marginales indeseadas creadas por criterios de elegibilidad. Como todo el mundo, independientemente de sus condiciones e ingreso, tiene derecho a una transferencia, no hay desincentivos o incentivos perversos. En segundo lugar, el sistema sería mucho más transparente y fácil de administrar ahorrando costos administrativos. Algunos cálculos por Ed Dolan y Charles Murray sugieren que para el caso de Estados Unidos, el sistema podría ser más económico en términos de las transferencias totales al eliminar duplicación de esfuerzos y transferencias desproporcionadas hacia la clase media. En la medida en la que la clase media siga creciendo, este efecto podría aumentar en Colombia. Un sistema de renta mínima universal también elimina problemas de captura del sistema y manipulación política. Ya no habría ni siquiera la posibilidad de usar programas de transferencias con fines políticos. Finalmente, el sistema es menos paternalista. Le entrega a todo adulto una suma mensual que puede gastar como mejor le parezca.

La idea está lejos de ser exenta de críticas. Cada uno de los argumentos a favor tiene objeciones. Tal vez nunca se implemente, en parte por problemas de economía política, en parte porque puede ser necesario algo de focalización. Pero discutir estas alternativas radicales puede al menos ayudar a mejorar el funcionamiento de las alternativas políticamente realizables.