La protesta social en el contexto de las economías de mercado de Latinoamérica -Chile, Perú, Colombia, México- lejos de ser evidencia del fracaso del modelo, son evidencia de su éxito. Guillermo Larraín y un grupo de intelectuales chilenos desarrollan esta tesis para explicar las protestas estudiantiles en Chile. La idea no es completamente nueva. Tocqueville decía que el progreso económico y social hace más visibles los problemas que quedan por resolver. Y en efecto, todos los indicadores económicos y sociales han mejorado en los países del bloque pro-mercado latinoamericano: se ha reducido la pobreza, ha crecido la clase media, ha caído la desigualdad. En Chile, la pobreza se redujo de 45% a 15% entre 1990 y 2011. En Brasil ha habido un desarrollo similar con la pobreza cayendo de niveles superiores a 50% a niveles cercanos al 30%. Lo mismo ha sucedido en Colombia, Perú y México. ¿Cómo podemos explicar protestas sociales en este contexto?
Larraín y sus coautores ofrecen una explicación basada en tres factores. Primero, el crecimiento de la clase media como resultado de desarrollos positivos en crecimiento, comercio, y como resultado de la mejora en los términos de intercambio a raíz del boom de precios de commodities. Segundo, una ampliación de los derechos sociales y económicos y un aumento de expectativas, aspiraciones y demanda por bienes públicos de esa creciente clase media. Finalmente, el abandono de lo público y una equivalencia equivocada entre lo público y lo gubernamental.
El punto de partida de la reflexión es una aparente paradoja entre mejoras objetivas en indicadores económicos y un aparente aumento de la protesta social. Indicadores macroeconómicos en los países del bloque pro-mercado latinoamericano han mejorado durante las últimas 2 décadas con crecimiento saludable, caída del desempleo, cuentas fiscales sanas y sectores externos saludables. Los indicadores sociales también han mejorado con reducciones históricas en índices de pobreza, crecimiento de la clase media, reducción en índices de desigualdad y mejoras en cubrimiento de servicios de salud y educación.
A medida que ha mejorado la situación económica de millones de latinoamericanos, también han mejorado sus expectativas y aspiraciones, y con ellas, la demanda por derechos sociales y servicios y bienes públicos que satisfagan esos derechos. Estas demandas han sido promovidas por la consolidación de Estados Sociales de Derecho que crean una presunción de deberes sociales hacia los ciudadanos y una lista en aumento de esos nuevos derechos sociales y económicos.
La protesta y el descontento provienen entonces de un descuadre entre las nuevas aspiraciones y promesas y la inhabilidad de los gobiernos de satisfacer esas nuevas demandas. En algunos casos, como en las protestas agrícolas y campesinas en Colombia, el gobierno ha respondido con subsidios sectoriales y con ayudas directas. De hecho, la historia de la región está plagada de ejemplos de políticas públicas que promueven la creación de grupos de poder, intereses particulares, búsqueda de rentas y esquemas ineficientes de satisfacción de demandas sociales en lugar de un régimen efectivo de lo público.
El último punto de Larraín y sus colegas, y uno que vale la pena explorar con más detalle, es el concepto de lo público y la manera de satisfacer nuevas demandas sociales. La clave es reconocer que lo público es resultado de la función que se cumple y no del agente que participa en la provisión del bien. Lo público no es equivalente a lo gubernamental y lo gubernamental puede ir en contravía a la consecución de objetivos públicos. En Latinoamérica, en particular, los gobiernos han sido particularmente inefectivos en la provisión de bienes y servicios públicos pro-equidad y pro-competitividad.
Una vez que se reconoce esta diferencia entre lo público y lo gubernamental (o lo Estatal) se rompe la dicotomía falsa entre "Estado y Mercado" para el logro de objetivos sociales. Se puede empezar a pensar en formas efectivas de lograr objetivos públicos con participación de actores privados y públicos y con intervenciones que eviten los problemas de economía política que subyacen muchas de las fallas de gobierno que pululan en la región. Por ejemplo, se puede pensar en esquemas de financiación estatal sin provisión estatal en educación y en salud. Se puede pensar en maneras eficientes de subsidiar la demanda y no la oferta evitando incentivos perversos y creación de grupos de interés y de poder que protegerán sus rentas a costa de las capas más pobres de la sociedad.
Las protestas sociales son legítimas. No deben ignorarse. Pero la respuesta de los gobiernos de la región debe ser una encaminada a responder efectivamente a la demanda por servicios públicos sin la estatización de lo público. Adicionalmente, el surgimiento de esas nuevas demandas sociales debe interpretarse como lo que es: el éxito de las economías pro-mercado de la región y la necesidad de consolidar y proteger lo alcanzado.
1 Investigación Fedesarrollo
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015