El reto de aumentar el comercio, tanto importaciones como exportaciones, en medio de una coyuntura internacional difícil, exige ir más allá de la clásica interpretación macro de los determinantes del comercio. No basta decir que las exportaciones dependen del ingreso de nuestros posibles países de destino y de los precios relativos. Hay que ir más allá para buscar formas de modificar esas relaciones y así lograr aumentar exportaciones y llegar a los US$30.000 millones de exportaciones no minero-energéticas que se ha puesto el gobierno para 2018. Hay que pensar en todos los diferentes tipos de costos de transacción que pueden afectar flujos comerciales.

Estudios recientes sobre instituciones y comercio han encontrado que el tipo de instituciones y la calidad institucional no sólo afectan el volumen de comercio sino también el tipo de bienes y servicios que se comercian, o los patrones de comercio entre países. Las instituciones imponen costos de transacción que modifican ventajas comparativas y que influyen en qué y cuánto podemos comerciar.

Un ejemplo son las instituciones de verificación y cumplimiento de contratos. Una débil institucionalidad impide que actividades intensivas en contratos entre empresas se desarrollen. Esto es particularmente problemático para el logro de objetivos de diversificación y sofisticación de la canasta exportadora, ya que en la medida en la que los procesos productivos se vuelven más sofisticados y empiezan a requerir insumos más específicos y menos estandarizados, las transacciones entre empresas se vuelven más intensivas en contratos. Se empieza a requerir especificar muchas más cosas en el contrato y una mayor capacidad de verificación y cumplimiento.

Las instituciones se vuelven, entonces, determinantes de ventajas comparativas: países con débil institucionalidad y capacidad de verificar y hacer cumplir contratos se especializan en productos básicos, poco intensivos en contrato, importan los bienes sofisticados, intensivos en contratos entre empresas y además comercian poco. Adicionalmente, en la medida en la que la producción de bienes sofisticados requiere inversiones específicas a la relación contractual entre empresas, la débil institucionalidad desincentiva la innovación y la inversión en nuevos procesos y productos. En estudios de 2004 y 2007, Nathan Nunn de la Universidad de Harvard y Daniel Trefler de la Universidad de Toronto, encuentran que diferencias en calidad institucional entre países tienen mayor impacto en los patrones e intensidades de comercio entre países que sus diferencias en capital físico y capital humano.

La calidad institucional de un país constituye entonces una barrera no-arancelaria al comercio, un determinante de ventajas comparativas en bienes básicos y un impedimento a la inversión, a la innovación, a la sofisticación y la diversificación del aparato productivo y la canasta exportadora. También limita nuestra capacidad de insertarnos en cadenas globales de valor donde la confianza de las partes en sus respectivas instituciones judiciales y de arbitramento, son indispensables. Lograr las metas de aprovechamiento de tratados comerciales requiere seguir avanzando en la impostergable tarea de buscar mejoras institucionales que faciliten el comercio. Los mismos tratados, con sus sistemas de solución de controversias, y el proceso de entrada a la OCDE catalizando adopción de mejores prácticas internacionales en todos los campos, son herramientas para avanzar en esa dirección.