La justicia colombiana no puede estar más desprestigiada. Altas cortes salpicadas por escándalos donde los carruseles de gravísimo impacto económico, social y moral son el pan de cada día; jueces y magistrados vendidos que cobran millonarias cuotas por sus intermediaciones, fallos o decisiones; fiscales acomodados que investigan a medias o se ensañan contra sus víctimas (dependiendo de quien más ofrezca); mucha parte del aparato judicial al servicio de los criminales farianos; y el contubernio entre el ejecutivo nacional, la Fiscalía y las cortes para eximir de las culpas a los peores criminales colombianos, son apenas unas de las constantes en este pervertido sistema. Pero veamos solo tres casos puntuales:

Uno: el magistrado Pretelt Chaljub (quien se niega a dejar su puesto a pesar de que sus colegas, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República le piden su renuncia) ha sido acusado de innumerables delitos y permanece hasta ahora incólume y resguardado en su investidura. Es magistrado de la Corte Constitucional (que debería representar la más alta dignidad del poder judicial), de donde emergió el fallo absurdo de revivir la revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, faltándole escaso medio año para terminar su mandato, y quien ha hecho y deshecho con la Justicia lo que ha querido. Todo esto huele más bien a una manguala para exacerbar los ánimos de sus seguidores y moverlos, por vía de escándalo, a que se manifiesten masivamente en las elecciones de octubre próximo; es decir, parece ser una estrategia de campaña para victimizar y reforzar el recorrido proselitista de ese grupo izquierdo-guerrillero que se ha adueñado de la administración capitalina. ¿Con recursos de quién? Esa sola decisión (más politiquera que jurídica) puede costarnos más de cincuenta mil millones de pesos a los colombianos. ¡Buen apoyo económico para una campaña!

Dos: después de que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín dictaminó que Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", ya había cumplido con los requisitos que la justicia transicional del momento determinó para que pagara por sus culpas, una jueza de ejecución de sentencias de Bogotá le negó su libertad. ¿Se entiende esto? ¿Tiene lógica, es conveniente, o genera seguridad jurídica? "El Alemán" (desmovilizado como muy pronto se supone que estarán miles de criminales de las Farc), ha reconocido la comisión de más de 1.500 delitos y pagó los 8 años de cárcel que la ley determinó en su momento. ¿Es poco para tanto crimen? ¡Sí! Pero es la ley que tenemos. ¿Qué falta entonces? ¿Qué hubiera pasado si el beneficiario de esta ley hubiera sido un militante de las Farc y hoy se le negaran sus derechos? Seguramente ya tendríamos las Ong internacionales y el Colectivo de Abogados reclamando justicia y movilizando sus tropas.

Tres: en Manizales el Juez Séptimo Penal del Circuito envió a la cárcel al comandante de bomberos por haberse apropiado de un televisor LCD de 32 pulgadas que entendió como un obsequio personal. Pese a que lo devolvió cuando le hicieron caer en la cuenta de que se trataba de un regalo para la institución, el citado Juez ordenó su detención intramural y hoy el comandante se pudre en la cárcel La Blanca de la ciudad. ¿Por qué tanta diligencia de la justicia en un caso que involucra a un reconocido servidor público que lleva más de 18 años vinculado a la institución, y se queda silenciosa ante aberraciones cometidas por delincuentes de cuello blanco de cuyos delitos hemos dado cuenta en este espacio?

Hay que advertir que existen dentro del aparato judicial colombiano personas de reconocida honestidad y pulcritud; pero el daño inmenso que le causa a la Justicia tanto desafuero la tiene hoy sometida al más bajo nivel de credibilidad.