Después del fallo absolutorio de última instancia a favor de Mario Aristizábal producido por la Procuraduría General de la Nación, se presentía que ni la CCC, ni Emilio Echeverri Mejía, ni la contralora Morelli se iban a quedar tranquilos, pues ha quedado en evidencia su obsesión por destruirlo a él y a su familia, para lo cual han acudido a todas las artimañas legales que han podido.

Por eso no es extraño que dentro de los últimos actos de la contralora Morelli se encuentre la imputación de responsabilidad fiscal a Mario Aristizábal y otros actores, por el supuesto detrimento en la disminución de los valores de recaudo para la salud, derivados de la explotación del chance en Caldas.

Quienes nos hemos esforzado por ahondar en este proceso y conocer en detalle los documentos y las pruebas, encontramos que la realidad es diferente y que, por el contrario, todo parece indicar que el escándalo armado en torno a Susuerte y las consecutivas contrataciones, es otra cortina de humo creada por la Corporación Cívica de Caldas, encaminada a eximir de responsabilidades a Emilio Echeverri. Veamos:

Cuando Emilio Echeverri recibió la Gobernación, encontró el mandato de recaudar para la salud, vía chance, la suma de $37.652 millones. Esto en virtud del contrato existente con Susuerte y que se había amparado en estudios técnicos y otros parámetros fijados en la ley. Pero no obstante haber recibido el mandato de esa cifra, Echeverri logró ingresar por este concepto alrededor de solo $25.000 millones, disminuyendo el recaudo en más de $12.000 millones. ¿Y qué dijeron la CCC o la Contraloría General de la República? ¡Nada! ¡Fueron más de $12.000 millones que dejaron de entrarle al departamento, y reinó el silencio!

Pero, ¿qué hace entonces el fatídico gobernador Echeverri? Se traza una caprichosa cifra inicial de recaudo para el período de su sucesor, por valor de $72.479 millones, la cual fue disminuida, primero, a $60.184 millones, para terminar contratando con Susuerte por valor de $50.947 millones, valores que según consta en actas de la Junta Directiva de Edsa -firmadas por el propio Emilio Echeverri como su presidente- se disminuyeron sin ningún sustento técnico ni una revaloración adecuada. Se incluyó, además, una cláusula de revisión que le daba poder al contratista para acudir a mecanismos legales para ajustarlo de acuerdo con la respuesta del mercado, ajustes que fueron avalados, no solo por la Supersalud sino por los estrados judiciales respectivos en el gobierno de Mario Aristizábal.

Tenemos entonces que el gobierno de Mario Aristizábal recaudó $41.266 millones, frente a $25.000 millones que recaudó Emilio Echeverri, incrementando los ingresos en más de $16.000 millones. Y algo más curioso: en el corto gobierno de Francisco Prieto, (octubre de 2011) se redujo el contrato con Susuerte a la suma de $35.633 millones, lo que significa una disminución contractual de más de $6.000 millones. ¡Y tampoco dijeron nada! ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, en el primer caso, Emilio Echeverri es intocable para la Contraloría (aún habiéndose demostrado una gran cantidad de fechorías e ilegalidades); y porque, en el segundo, en el momento de la nueva contratación del gobierno de Francisco Prieto y Susuerte, se llamó a la CCC a que hiciera parte de la toma de decisiones y adquirieron entonces el fuero para proceder bajo el poder de la impunidad.

Tres contrataciones sucesivas con Susuerte. La primera -la de Echeverri-, con una cuantiosa disminución contractual; la segunda -la de Aristizábal-, con un millonario incremento en el recaudo; y la tercera -la de Prieto- con una disminución considerable en las metas del contrato. ¡Y solo hay preocupación en la Contraloría por acomodar la verdad para encartar a quien mejores resultados entregó! ¿Eso es justicia?

Por eso puedo afirmar sin reatos que lo que hoy se plantea en la Contraloría General de la República y que implica a una serie de personas y empresas del departamento de Caldas, refleja es la sevicia con la que ha procedido la saliente contralora Morelli en contra de determinadas personas, produciéndose a la vez una protección en su compañero del alma, Emilio Echeverri, con quien la unen vínculos entrañables y que parece haberse contagiado de las mañas, los odios y los procederes indecentes de su antiguo patrón en la Federación Nacional de Cafeteros.

Por todo esto me uno a lo planteado en el editorial del diario LA PATRIA del pasado miércoles cuando dice: "Es fundamental que las investigaciones sigan avanzando y reúnan todas las pruebas que lleven a establecer responsables claros del detrimento". Aunque me pregunto: ¿hubo realmente detrimento? Y si lo hubo en el gobierno de Mario Aristizábal, ¿no lo hubo también -y en mayor cuantía- en el de Emilio Echeverri? La verdad es que aquí hay más apasionamiento de la Contralora que la existencia de algún delito. Solo necesitamos imparcialidad, ecuanimidad y una justicia real y ciega para analizar objetivamente los hechos y desprenderlos de estos escándalos que siguen acabando con familias inocentes y con la imagen del departamento. ¿Será mucho pedir?

Y una última aclaración: en las investigaciones y análisis de documentos relacionados con Aerocafé, encuentro que a Mario Aristizábal sí se le vinculó a los procesos por las supuestas irregularidades presentadas. De hecho, se le embargaron cuentas bancarias y bienes inmuebles, los cuales siguen en ese estado aún después de que la misma Contraloría profirió el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal que se había abierto en contra suya y de otros actores inocentes. (ver copia auto: https://www.dropbox.com/s/dkuvty0vb7swck7/AUTO%20DE%20ARCHIVO.docx?dl=0). Afortunadamente hoy es el último día de este eterno mandato de Morelli y Echeverri en la Contraloría General de la República y tenemos la esperanza de que las cosas cambien. De que ahora sí se proceda con el conocimiento de las verdades completas y no con las fracciones que manipula la CCC. De que se acabe este concierto para condenar.