A medida que pasan los días crece el inconformismo, las manifestaciones de rechazo y el repudio general ante las medidas adoptadas por los alcaldes de Chinchiná y La Dorada, mediante las cuales en las autopistas que atraviesan "sus" vías no es permitido circular a más de 30 kilómetros por hora, so pena de ser atracados con multas millonarias que se han convertido en un mecanismo extorsivo, muy similar a los peajes que hay que pagarle a los terroristas farianos en algunas regiones del país. 
No puede ser posible que estos mandatarios locales actúen como dictadorzuelos quienes, en una extraña coincidencia con su final del mandato y cuando las campañas electorales necesitan de más recursos para su ejercicio, establezcan medidas que atentan contra la lógica y ponen en peligro la economía regional, enriqueciendo unos pocos bolsillos particulares. 
Porque ¿qué lógica tiene que unas vías a las que se les ha invertido millonarios recursos para hacerlas cómodas, rápidas, eficientes y, de la mano con esto, aumenten la posibilidad de desarrollo, aparezcan de la noche a la mañana intransitables, incómodas, onerosas para el usuario y destinadas al tráfico más lento del país, producto de la alianza macabra de Construseñales -firma operadora de las fotomultas- y las respectivas alcaldías? ¡Ninguna! Por el contrario, nos deja un tufillo de oscuridad procedimental desde la licitación misma, hasta la forma prepotente, pedante y arrogante en que el representante de la citada firma responde como si se tratara de un todopoderoso, desestimando las actuaciones de la Contraloría y demás entes de control. 
Se han impuesto más de 9.000 comparendos en menos de un mes lo que, en un promedio de $300 mil por multa, arroja la no despreciable cifra de $2.700 millones de los cuales el socio privado obtiene un altísimo porcentaje, y donde la contraprestación por sus "servicios" es nula, pues se trata de limitar arbitrariamente la velocidad en una autopista diseñada para todo lo contrario de lo que quiere imponer este contubernio macabro, amparados en la supuesta seguridad vial en un sitio de bajísima accidentalidad. 
La verdad es que estas actuaciones tienen que desencadenar en hechos concretos en contra de los implicados abusadores. No podemos permitir que las ambiciones personales, tanto de los alcaldes como de la empresa que resultó beneficiada con estos contratos, se sigan desbordando y conviertan a prósperas zonas a las que se les han invertido miles de millones de pesos de nuestros bolsillos, en parajes llenos de caos vehicular, confusión, trancones y focos de enriquecimiento de políticos y empresas indeseables, abusivas e inescrupulosas. 
¿Qué podríamos esperar entonces si a cada alcalde de los diferentes municipios (ya Santa Rosa está pensando también en implementar este atraco) le diera por limitar la velocidad vehicular en las autopistas que pasen por su jurisdicción? Tendríamos en poco tiempo un país lento, detenido en el tiempo, anquilosado en su desarrollo, odioso y tedioso, y unas pocas firmas como Construseñales, además de algunos alcaldes como el de Chinchiná y La Dorada, seguramente muy ricos pero dejando unos municipios y regiones llenos de problemas, pobreza, caos y animadversión. 
Tienen que existir los mecanismos legales para defendernos de esta nueva modalidad de asalto. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, está en mora de tomar cartas en el asunto, además que los órganos de control y de justicia tienen que asumir lo propio en la defensa de los intereses regionales, municipales y personales. Estas injusticias no pueden seguir haciendo carrera porque son un atentado en contra de miles de ciudadanos inocentes que, algún día, terminaremos unidos para evitar que nos sigan despojando de nuestro patrimonio ante los ojos silenciosos, indolentes, permisivos y cómplices de nuestras autoridades. 
Por ahora, creo yo, deberíamos negarnos masivamente a pagar las multas que se han impuesto y constituirnos en una especie de colectivo que actúe unido en la defensa de la sociedad. Así, mientras se resuelve el asunto, cada multa impuesta sumará un nuevo miembro a ese colectivo, lo que significa que ante cada abuso y cada asalto, los victimarios irán aumentando su número de enemigos hasta convertirlos en un gran grupo organizado inderrotable. ¡Ahí les queda la idea!