Acaba de realizarse en la capital musical de Colombia, Ibagué, el XXII encuentro nacional de la Jurisdicción Administrativa que contó con la participación del Consejo de Estado como organizador, los magistrados de todos los tribunales y jueces de lo contencioso administrativo del país, entre otros, para hacer diversos análisis y planteamientos acerca de la aplicación que se viene dando a la Ley 1437 de 2011 que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia hace apenas cuatro años y con la que se ha pretendido reducir los tiempos procesales para lograr una justicia administrativa sustantiva más oportuna y efectiva. Así mismo se tocaron durante todo un día temas relacionados con el proceso de paz.
El certamen que se denominó "Una justicia más cercana al país" buscó determinar cómo la jurisdicción administrativa viene cumpliendo con su oficio en cada una de las regiones de Colombia, y detectar qué dificultades se presentan al momento de la aplicación de aquella Ley.
La "Cultura de legalidad y seguridad jurídica" es un programa bandera que viene desarrollando el Consejo de Estado a lo largo y ancho del país con la participación de las autoridades administrativas con asiento en cada departamento, tendiente a que las mismas se sometan plenamente al ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus potestades o competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y de ese modo lograr no solo la eficiencia en sus funciones, sino la eficacia de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de los deberes que atañen a los organismos del Estado, con el que se pretende eliminar la corrupción igualmente procurar que no haya corrupción y que a los despachos judiciales del país se acuda cuando sea absolutamente indispensable o necesario. Se informó sobre su dinámica, balance y objetivos.
Otro de los temas gruesos abordados hizo relación a los derechos, deberes y mecanismos de protección de indígenas y raizales, los que encuentran consagración y protección en la propia Constitución Nacional, y la forma como se entronca la función contenciosa administrativa con respecto a esas comunidades. Se puso de relieve la problemática que en sus territorios padecen esos grupos minoritarios, y la forma como los jueces administrativos vienen haciéndole frente a los litigios en los que resultan afectados o comprometidos sus intereses.
Dificultades que se presentan en los procesos que se originan en la ejecución de las sentencias contenciosas administrativas y en los procesos ejecutivos originados en los contratos estatales, así como la problemática que se halla en los procesos de pérdida de investidura y electorales y la forma como se interpretan las causales que gobiernan uno y otro mecanismo de control judicial fueron otras temáticas igualmente examinadas que dieron lugar a interesantísimos debates debido a las posiciones que adoptan jueces y magistrados en su tratamiento dentro de un ámbito de autonomía e independencia judicial. Aspectos laborales en las relaciones entre los empleados del Estado y las administraciones públicas no escaparon a las discusiones.
Y por supuesto que no podía ser ajeno al evento, que contó con una asistencia cercana a las 800 personas, el tema que desde hace buen tiempo, y con mayor razón ahora, concita la atención de la comunidad nacional e internacional como es el de la paz. Allí se trató el tema de la justicia transicional y su impacto en el proceso con la intervención, además del Consejo de Estado, de la directora de Transparencia por Colombia y del senador Alfredo Rangel, con la obvia polémica que el tema viene suscitando; al paso que otro segmento del encuentro fue dedicado al Acuerdo de La Habana y justicia administrativa, lo que deja ver no solo el interés de la comunidad judicial en el espinoso asunto, sino la disposición que tiene en asumir el rol que le pueda corresponder en el desarrollo de los acuerdos.
Hubo también la intervención de dos gobernadores indígenas, y en la entrevista que se le hizo a uno de ellos para que explicara el pacto que celebró su comunidad Nasa Wes'x del sur del Departamento del Tolima y las Farc, con pormenorizado detalle aludió al verdadero origen de este movimiento subversivo así como a las connotaciones y beneficios que le ha traído a su pueblo ese acuerdo de no agresión. Se culminó la importante cita jurídica con la presentación y entrega a los asistentes de la conocida obra "La violencia en Colombia".
Un nuevo punto positivo se anota el Consejo de Estado bajo la Presidencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth y por la excelente organización que le dio su vicepresidente el doctor Jorge Octavio Ramírez, destacándose la gran participación de los asistentes en el plurifacético certamen.