El último 31 de octubre la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Colombia inició oficialmente el año de conmemoración del bicentenario de nuestro Consejo de Estado -creado el 30 de octubre de 1817 por el Libertador Simón Bolívar-, con un solemne acto presidido por el Presidente de la alta Corporación, Dr. Danilo Rojas Betancourth, apertura que se hizo con todos los ‘bombos y platillos’ en el sentido estricto de la palabra, pues fue engalanado con las orquestas sinfónicas de la Policía Nacional y del Departamento del Tolima.
La expresión “Consejo de Estado” apareció por primera vez, en Francia (Conseil d’État) en el año de 1578 en la regencia de Henri III (1574-1589), cuando aquel hacía las veces de Consejo de Gobierno Interior del reino y de lo contencioso administrativo, teniendo luego otras denominaciones, pero el verdadero antecedente se encuentra en el reinado de Luis XIV, época en que le fue encomendada la tarea de resolver los “problemas” administrativos y contenciosos. En el año de 1777 se le dio el nombre de Comité contencioso de las finanzas, y en 1789, año de la Revolución Francesa, toma el nombre de Comité Contencioso de Departamentos (Ministerios). 
Una constituyente en el mismo país, Francia, de 1790, adopta la teoría de separación de poderes (Montesquieu), definiendo que la administración pública no estaría ya sometida a la autoridad judicial, pero cuidando frente al régimen monárquico (l’Ancien Régime), que el poder público debía ser juzgado por una jurisdicción especial, y así fue constituido en 1799 durante con el “Consulado”. Como el Consejo de Estado colombiano ha seguido sus huellas, he querido traer algunos aspectos históricos de su homólogo francés para que se parangone su evolución.
En la primera sesión del Consulado que adoptó la Constitución Francesa del año VIII se expone: “Comienza la votación: a las tres Asambleas se añade un 'Consejo de Estado' y, en la cúspide de la pirámide, un primer cónsul, piedra angular, elegido por diez años, que domina sobre los otros dos cónsules, cuyo voto es solo consultivo…”, narra Max Gallo en su novela sobre “Napoleón Bonaparte”. Este Emperador, con 30 años de edad a la sazón, a quien históricamente se atribuye la creación del Consejo de Estado de Francia con los rasgos que hoy conserva, redactó el preámbulo de la Constitución de ese entonces: “Ciudadanos, la Revolución ha establecido los principios que la iniciaron. Ahora ha terminado”. 
El artículo 52 de esa Constitución expedida el 13 de diciembre de ese 1799 instituyó el Conseil d’État con una doble misión: de un lado, una función administrativa de redacción de importantes textos, especialmente legislativos; del otro, la función contenciosa tendiente a resolver los conflictos ligados a la administración. El primer cónsul, Napoleón Bonaparte, buscó hacer una simbiosis entre la tradición monárquica y los logros revolucionarios. 
De otro lado, la expresión “Consejeros de Estado” (Conseillers d’État) se instituyó en 1806, momento en el que el Consejo de Estado lo retomaron miembros del antiguo ‘Consejo del rey’, lo que hizo que en la escogencia de sus primeros consejeros estuvieran representadas las familias políticas (familles politiques), salvo aquellas que se oponían al antiguo régimen. Entre 1799 y 1814 ese Consejo de Estado tuvo una actividad importantísima: la preparación de los códigos napoleónicos. Bajo la restauración tuvo un papel menos importante, esencialmente estuvo dedicado a los asuntos contenciosos.
Necesitó esperar hasta 1848 para ver reafirmado su lugar dentro de las instituciones francesas. Una Ley de 1849 le confió la “justicia delegada” (los procesos no los decidirían el Rey o sus delegados); desde entonces juzga “En nombre del pueblo Francés”. 
Napoleón III, emperador desde 1852, restablece la “justicia retenida” (el poder ejecutivo retoma la decisión en los procesos contra el Estado), pero en su reinado gana prestigio la institución y su jurisprudencia alimenta el Derecho Administrativo, creando desde entonces el “recurso por exceso de poder”, que luego explicaré. 
En la Tercera República se le dio la estructura que hoy conserva el Consejo de Estado Francés, y su papel fue precisado por la ley de 24 de mayo de 1872, reviviendo la “justicia delegada” de la ley de 1849. En 1875 fue instalado en el Palacio Real (Palais-Royal).