La Constitución de 1991, con los instrumentos jurídicos que puso a disposición, ha permitido que muchos sectores sociales ejerzan control (hasta donde pueden), liderazgo y participación en la dinámica de la vida institucional del país, lo que propició que las comunidades se zafaran u olvidaran del ostracismo en que prácticamente las mantuvo el 'antiguo régimen' (entiéndase la Constitución de 1886). 
De igual manera pareciera que también la misma Constitución actual haya permitido que los máximos voceros de poderes u órganos del Estado, distintos del Ejecutivo y el Legislativo, asumieran paulatinamente roles o protagonismos, en no pocas veces excesivo y generador de múltiples y lamentables discusiones no convenientes para el país, a diferencia de otras épocas cuando en ellos reinaba la ponderación, la prudencia, la calma, la discreción, que no la de cohonestar. 
Como en la generalidad de las veces acaece, cuando sobrevienen algunas situaciones que son trascendentales para la sociedad, como por arte de magia desaparecen los cuestionamientos a actuaciones polémicas inmediatamente anteriores que han suscitado igualmente la atención o el interés nacional. 
En este mismo espacio he expresado preocupación por la actitud que asumen los gobernantes de hacer desaparecer organismos públicos de gran tradición, antes que preferir corregir los problemas endémicos que ellos han adquirido, con los instrumentos de los que disponen, que son muchos, incluyendo castigos ejemplarizantes, desaprovechándose así la vasta experiencia ganada, y sin que algunas de las nuevas entidades que las sustituyen marquen gran diferencia con sus antecesoras. 
La Fiscalía General de la Nación, creada por la Constitución de 1991 para que se encargara de la investigación de los delitos, atravesaba hasta hace muy poco una aguda polémica de marca mayor por líos de contratación de servicios profesionales (no muy distante con las de otras dependencias oficiales), por haberse comprometido supuestamente, en forma directa, pingües sumas de dinero del Estado. La visibilidad, importancia y tarea del órgano investigador, lo deben hacer uno de los más sometidos a la vigilancia y al escrutinio público, y por lo mismo, su labor y mensajes deben ser, como los de toda organización estatal, un ejemplo virtuoso para la comunidad. 
Si el escándalo se hubiese presentado antes de la última reforma constitucional, al que se le agrega el asunto del arrendamiento de inmueble para parte de su sede que también se ha puesto en tela de juicio, al calor de los acontecimientos ¿no se habría producido quizás su eventual reforma o reestructuración tal como aconteció así mismo con otro órgano de la justicia?; o en cálculos extremos, ¿su sustitución por otro organismo?; o ¿acaso se está empezando a abrir el camino para ello? 
Sigue siendo cuestionada lamentablemente la Rama Judicial, tocándole ahora el turno a la Fiscalía General; no obstante los colombianos estamos y seguiremos confiados en que se sobreponga a los cargos que se le han formulado, así como se espera suceda con el resto del aparato de la justicia al tenor de los designios que le ha trazado el Acto Legislativo 2 de este año. Debe haber liderazgo, y también colaboración armónica entre las distintas ramas y órganos del Estado como lo prevé el artículo 113 de la Constitución, pero teniendo el cuidado que no se pierda el horizonte o el rumbo para el cual fueron creados.