Manizales vive una difícil situación en cuanto a su patrimonio arquitectónico se refiere. Ningún proyecto, a pesar de las expectativas, los presupuestos y las leyes, despega de forma visible y enfática. La Juan XXIII vegeta con un roto grande en la cubierta sobre el patio derecho. ¡Que los estudios ya están! ¡Que el Ministerio de Cultura ya dio luz verde! Y lo que vemos es que la obra no arranca. 
Los vitrales de la Catedral al parecer no tienen arreglo, porque les pareció muy alto el costo de restauración al Ministerio de Cultura y a la curia manizalita, y ni siquiera los protegen con una tabla, vitrales franceses del segundo piso que en cada visita al Café Tazzioli veo que les falta otro pedazo de vidrio. Sé que existe un protocolo de emergencia que le permite al “dueño” del bien actuar sin mayor miramiento con los paquidérmicos procesos del máximo ente nacional de la cultura. 
De nuevo le correspondió a Enrique Arbeláez demandar para que se emprendieran las labores en la Capilla de La Enea. Vi al aterrado secretario de Cultura del Departamento, Lindon Chavarriaga, protestar por la suerte que le correspondió de tener que atender el fallo, mas a él no le cabe culpa ya que sus antecesores nunca incluyeron en sus presupuestos y planes de trabajo esta labor, represándose todo en el funcionario actual. 
Da la impresión que el Estado no quiere al patrimonio, las trabas que pone a su protección con una legislación perjudicial lo condenan a una ejecución más que lenta. A ello se le suman los escándalos que produce el Ministerio de Cultura, como el que aconteció con la Capilla de Las Mercedes en Salamina donde un alto funcionario del Ministerio decidió retirarle el apoyo a la Fundación Escuela Taller de Caldas porque el nuevo director estaba descubriendo una serie de manejos dudosos del director anterior, quien cuenta con el apoyo del Ministerio porque ya está dirigiendo otra escuela en Mompox. Son tan claras las pruebas que el alcalde de Salamina puso las respectivas demandas ante las instancias competentes. La dilapidación de dineros públicos comprando materiales en cantidades excesivas o inútiles fueron unos de los hallazgos de las actuaciones del director que salió. Igualmente este personaje le compraba la madera para la Fundación Escuela Taller al hermano del instructor de carpintería que este facturaba a través de la panadería de su mujer y ni siquiera se tomaba la molestia de aportar un RUT. Fue multada por la DIAN varias veces la Fundación, porque la contabilidad no aportaba soportes a tiempo. Igualmente, los aprendices trabajaban sin las debidas precauciones de seguridad en la obra, obra que quedó sin terminar a pesar de los 3.000 millones de pesos girados por el Ministerio de Cultura. La lista de desafueros es más larga y triste, estos son los más incomprensibles. Me pregunto, ¿qué pasará con un contrato, que algún día se ejecutará en la Juan XXIII, que consta de 4.800 m2 de construcción y está tasado en 11.000 millones de pesos, si en una obra de 200 m2 y por valor de $3.000 millones hubo tanto desacierto? ¿Nos amenazará de nuevo un alto mando bogotano con llevarse de Salamina para el Quindío la Escuela Taller, como se oyó en Salamina, y esto porque ciudadanos redactaron derechos de petición buscando que las cosas se hicieran bien y conforme a la ley?
¿Cuál es la solución a esta crisis? Sencilla como todas las buenas soluciones: Que la ciudadanía se apropie y se responsabilice de su Patrimonio Cultural y ejerza la veeduría y presión sobre el Gobierno para que las cosas se hagan bien. Es lógico que esta ciudad dirigida por un alcalde de muy buena calificación comprenda que debe hacer más por su patrimonio, pues esa es una de las importantes cartas para triunfar en el terreno del turismo. Ya Manizales aceptó que una casa antigua en bahareque no es un rancho viejo que estorba el progreso, y está ad portas de entender y dar el siguiente paso que consta de ver la gran ventaja que tiene con el Centro Histórico y articularlo con la economía derivada del turismo. Hay que cimentar la vocación de este patrimonio único y eso lo deben liderar el Gobierno municipal y departamental que, a la vez, pueden contar con el apoyo y decidida concurrencia de varias ONG comprometidas con estas metas. El Patrimonio Cultural es de todos a pesar de que el Estado ponga a prueba nuestra paciencia.